El Ejecutivo acude al Constitucional para frenar la paga vasca de Navidad

El Gobierno se prepara para impugnar ante el Tribunal Constitucional la decisión del Ejecutivo de Patxi López de abonar la paga de Navidad a los funcionarios y empleados públicos del País Vasco. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó ayer que ya ha solicitado al Consejo de Estado el informe preceptivo para plantear un conflicto de competencia, a partir de cuya aceptación se suspenderá sin más miramientos la disposición autonómica.

El Ejecutivo sostiene que no existe ninguna duda de que, con su determinación, el Gobierno vasco incumple la legislación básica del Estado, pero, en todo caso, la legislación le obliga a consultar a la comisión permanente del órgano consultivo que ahora preside José Manuel Romay Beccaría, antes de llevar resoluciones de órganos autonómicos ante el máximo garante de la Carta Magna. Su intención es que el visto bueno llegue en solo tres días.

Una vez admitido el recurso, y paralizada la conflictiva resolución, el Constitucional dispone de un plazo «no superior» a cinco meses para ratificar o levantar el bloqueo.

El órdago de la administración vasca se apoya en la aplicación de los presupuestos aprobados por la cámara de Vitoria en diciembre de 2011, es decir, siete meses antes de que Mariano Rajoy anunciara la eliminación de la extra navideña, con el compromiso de recuperarla en 2015. El Gobierno subraya que un real decreto tiene rango superior a una norma como la invocada y que debe cumplirse. El Ejecutivo en funciones de López, por su parte, aduce que la decisión es «injusta en el fondo y en la forma» y que invade competencias autonómicas.

La nómina es la parte más abultada del gasto de las administraciones públicas. Su coste ascendió en 2011 a 122.966 millones de euros. Con la supresión de la extra de Navidad, Rajoy estimaba poder ahorrar al Estado 4.000 millones de euros, el equivalente a entre un 5% y un 7% de las nóminas brutas anuales. Pero el Gobierno vasco, que en julio anunció un recurso de inconstitucionalidad que no se ha sustanciado, replica que la retribución a sus 67.000 empleados no tiene apenas impacto en el déficit.

Prevaricación

Sea como fuere, el Ejecutivo tiene claro que hará lo necesario para abortar la rebelión. De forma paralela al anuncio del conflicto de competencias, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, apeló al artículo 404 del Código Penal sobre delitos de prevaricación y, de manera implícita, amenazó con llevar a los tribunales a la autoridad o funcionario público que firme el abono de la paga so pena de ser suspendido de empleo o cargo público por un tiempo de siete a diez años.

Lo que no es tan evidente, sin embargo, es qué podrá hacer con otras administraciones que han buscado subterfugios para que estas Navidades los funcionarios puedan cobrar un plus. El Gobierno navarro de UPN aprobó en septiembre un proyecto de ley que suspende la paga de 2012 y establece, hasta 2015, un calendario nuevo con pagas dobles el 3 de enero y el 3 de julio. Y tanto Extremadura como la diputación de Vizcaya han anunciado su intención de adelantar a primeros de 2013 la paga de verano.

Sáenz de Santamaría aclaró que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estudiará todos los casos, de manera individual, para determinar si vulneran la legislación básica.