Gallardón se mantiene en sus trece

Alberto Ruiz-Gallardón dio ayer a entender que no se plantea realizar cesión alguna para evitar la huelga con la que le amenazan jueces y fiscales para el próximo mes de enero.

Las siete asociaciones existentes de magistrados y acusadores públicos acordaron el miércoles dar un ultimátum al Gobierno. Comunicaron que si el Ejecutivo no da marcha atrás en la reforma de la ley organica del Poder Judicial que ayer mismo aprobó el Congreso y acepta pactar con estos colectivos el resto de profundos cambios de la Justicia que tiene en preparación convocarán el tercer paro en los tribunales de la historia democrática. Además, aseguraron que han perdido toda la confianza en la capacidad de diálogo del ministro y que solo aceptarán como interlocutor directo a Mariano Rajoy.

Gallardón no quiso entrar ayer en la confrontación directa, pero sí que dejo claro que la ley aludida, que termina con los jueces sustitutos y suplentes, aumenta la carga de trabajo de los magistrados y reduce sus días anuales de permiso entre otras pérdidas laborales, no va sufrir cambios tampoco en su tramitación final en el Senado.

El titular de Justicia se olvidó del resto de las demandas de las asociaciones, que se oponen a una futura ley que creen que va restar competencias e independencia al Consejo General del Poder Judicial, a las tasas a los litigantes y que desconfían del resto de las grandes reformas en cartera. Prefirió reducir todo el conflicto a términos de corporativismo.

Reafirmación

El ministro señaló que el Gobierno está obligado a dar «a todos los servidores públicos el mismo trato» y que los colectivos judiciales «tienen que entender que no podamos mantener los 18 días de permiso o hacer un trato diferenciado en relación con la (supresión) de la paga extra de Navidad al que se ha hecho con el resto de los funcionarios». Dijo sentir «el máximo respeto por las decisiones de jueces y fiscales», pero concluyó con un explícito: «El Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer».

A Gallardón tampoco parecen preocuparle demasiado los avisos de los grupos de la oposición parlamentaria, que aprovecharon los últimos debates de la controvertida reforma de la ley del Poder Judicial en el Congreso para pedirle que escuche «el malestar unánime de la Justicia» con sus reformas unilaterales. Los portavoces señalaron que, en caso contrario, si no acepta el diálogo que le proponen los jueces y fiscales tendrá que comprobar que a las «batas blancas» de los sanitarios rebeldes con las privatizaciones de hospitales en Madrid y a la «marea verde» de las protestas educativas se les unirán en la calle «las togas negras» de los tribunales.

Sin cobertura legal

Quien sí pidió directamente a jueces y fiscales que reflexionen antes de convocar la huelga fue el propio Consejo General del Poder Judicial. Su portavoz, Gabriela Bravo, aprovechó la rueda de prensa posterior al pleno de la institución para recordar que los paros de magistrados, que son directamente un poder del Estado, no tienen cobertura legal en España. Bravo señaló que este punto ya se estudió y dictaminó por el órgano de gobierno de los jueces en 2009, cuando los miembros de la carrera protagonizaron las otras dos únicas huelgas de la democracia contra sendos ministros de Justicia socialistas.

La portavoz del Consejo dijo «comprender» el malestar de los profesionales judiciales, pero también señaló que los ciudadanos «difícilmente van a comprender» que los jueces paren los tribunales para exteriorizar sus reivindicaciones.

Gabriela Bravo explicó, por otra parte, que el pleno del CGPJ, prácticamente por unanimidad, declinó la petición del Consejo General de la Abogacía, que mediante un escrito le animó a sumarse a las instituciones que reclaman a grupos políticos y a la Defensora del Pueblo que recurran ante el Tribunal Constitucional la ley de tasas judiciales.

Lo que sí va hacer el Consejo, indicó Bravo, es encargar a sus servicios de análisis y documentación un informe que determine si las tasas que comenzarán a cobrarse en pocos días a los ciudadanos que quieran interponer demandas ante los tribunales lesionan el derecho al acceso a la Justicia que expresa la Constitución.