Las familias protegidas contra los desalojos no llegarán a 120.000

El Gobierno estima que no más de 120.000 familias que hayan perdido su vivienda y estén al borde del desalojo cumplirán con todos los requisitos necesarios para acogerse a la moratoria de dos años fijada por el decreto para «proteger a los deudores hipotecarios» que ayer convalidó el Congreso con los únicos votos del PP y, finalmente, UPyD. La cifra es significativamente inferior a los 600.000 beneficiarios de los que, hace apenas una semana, había hablado el propio ministro de Economía, Luis de Guindos, encargado de defender la medida.

Lo paradójico es que la mayor parte de los grupos de la oposición ni siquiera creen que esa cifra sea tampoco ajustada. Guindos explicó el origen del dato. Conforme a sus cálculos, el 45% de los 17 millones de hogares que existen en España cumplen la primera de las condiciones necesarias para evitar el desalojo porque estarían por debajo de la media de ingresos requerida, que es de tres veces el IPREM, es decir, 19.170 euros anuales. Pero con eso no basta.

De ese primer colectivo, el Ejecutivo estima que aproximadamente 445.000 familias 'encajan' también en las otras dos condiciones económicas exigidas: pagan una hipoteca que supone más del 50% de sus ingresos totales y en los cuatro años anteriores han sufrido una alteración significativa de su capacidad adquisitiva (se considera como tal que la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado al menos por 1,5).

Y llega la última criba. De ellos, solo el 25%, según Guindos, se encuentra en alguna de las situaciones familiares imprescindibles para no ser expulsados durante los próximos dos años de su hogar: ser familia numerosas; ser familia monoparental con dos hijos a cargo; tener un menor de tres años a cargo o algún miembro con una discapacidad superior al 33% en situación de dependencia; que el deudor esté en paro y haya agotado la prestación o ser víctimas de violencia de género.

La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, advirtió de que Economía no ha tenido en cuenta que su decreto no ofrece salida a quienes, aún cumpliendo todos esos requisitos, han tenido «la mala suerte» de que su vivienda no haya acabado en manos de la entidad financiera sino en las de un tercero que la haya adquirido en subasta; lo que reduciría aún más, a su juicio, la cifra apuntada.

«Falsa moratoria»

Al igual que el resto de portavoces -incluido el de UPyD que votó a favor del decreto porque será tramitado como proyecto de ley y por lo tanto admite modificaciones- insistió en que el Gobierno ha sido tan «restrictivo» en la delimitación de los beneficiarios que prácticamente hace inservible el decreto en un momento en el que, dijo, se realizan cinco veces más ejecuciones hipotecarias que al principio de la crisis. Pero, además, mostró su rechazo a que se califique de «moratoria» a una medida que no impide que se desposea a nadie de la titularidad de su casa y, simplemente, congela su expulsión.

La mayor parte de los grupos sostienen, con argumentos similares, que es preciso modificar en profundidad la ley hipotecaria y la ley de Enjuiciamiento civil. Y Guindos se mostró abierto a hablar de «absolutamente todo», incluidos los elevados intereses de demora, la poco adecuada ligazón entre tasadoras y entidades financieras, el control de las cláusulas abusivas, los productos complejos como las hipotecas en yenes y, en resumen, la mejora del Código de Buenas prácticas de los bancos, que tan pobres resultados ha dado.

Sin embargo, matizó que hay límites. «Tenemos que ser conscientes de que no se pueden adoptar medidas que alteren el diseño general de nuestro sistema normativo, basado en el principio de responsabilidad patrimonial universal que hemos construido entre todos y que todos tenemos la obligación de cumplir», subrayó.

El ministro reclamó también que se destierre la demagogia y subrayó que, pese a cifras llamativas, ofrecidas por distintos organismos, las ejecuciones hipotecarias de primera vivienda a lo largo de este año serán aproximadamente unas 16.000 y más del 80% se habrán realizado con viviendas vacías.

Además, puso el acento en que ya se ha conseguido el compromiso de bancos, cajas y cooperativas para constituir un fondo de aproximadamente 6.000 viviendas de alquiler social cuyos precios rondarán entre los 150 y 400 euros mensuales.