La Generalitat prepara su mayor recorte

La peor parte de los recortes en el gasto público aún está por llegar para Cataluña, una de las comunidades autónomas que con más contundencia sufre las políticas de austeridad. El portavoz del Ejecutivo en funciones, Francesc Homs, anunció ayer, por sorpresa y dos días después de celebradas las elecciones autonómicas, que, para alcanzar el objetivo de reducción de déficit del 0,7% del PIB regional que impone el Gobierno central, la Generalitat deberá acometer un tijeretazo aún mayor que el aplicado en su conjunto a lo largo de 2011 y 2012.

En concreto, el representante gubernamental cifró el nuevo ajuste en al menos 4.000 millones de euros. «Tenemos por delante el peor presupuesto de la historia de la Generalitat», confesó Homs en una entrevista a RAC1. El consejero eludió asumir cualquier responsabilidad de su Gobierno en la situación cercana a la bancarrota de la institución y explicó que se debe a una confluencia de los incumplimientos económicos con la comunidad que mantiene el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al desplome de los ingresos, y al incremento del gasto financiero.

La clave para sortear el nuevo recorte, sostuvo el portavoz en funciones, radica en permitir un mayor endeudamiento de la comunidad autónoma, una petición que difícilmente llegará a ser valorada en Madrid.

Homs, que en todo momento declinó la responsabilidad de CiU en la situación actual, apuntó a que el próximo año Cataluña deberá hacer frente a un significativo incremento del pago de intereses, que pasará de los 919 millones de 2012 a los 2.300 de 2013.

El nuevo paquete de recortes deberá encontrar la fórmula para una reducción del gasto del doble de lo que se ha efectuado hasta ahora, lo que ahondará en una rebaja de los servicios públicos que ya ha causado un hondo malestar en la sociedad catalana.

La Educación y la Sanidad se han visto seriamente perjudicadas a lo largo de estos dos últimos años, con unos recortes del 12 y 11%, respectivamente. La merma de las partidas presupuestarias se ha traducido en despidos entre el personal médico y docente, el cierre parcial o total de algunos centros, o los impagos a las farmacias por los medicamentos dispensados. En el capítulo de ingresos, CiU instauró el euro por receta, una tasa a los turistas y otra por el acceso a la Justicia, aunque una de sus primeras decisiones fue la supresión del impuesto de sucesiones.