El Ayuntamiento elude culpas en el Madrid Arena y achaca la tragedia a su «mal uso»

La rueda de las responsabilidades políticas en la tragedia del Madrid Arena comenzó ayer a girar sin que, de momento, nadie asuma culpabilidad alguna, al menos desde el ayuntamiento. Cuatro de los cinco comparecientes en la primera jornada de la comisión de investigación dejaron claro que el consistorio o, por defecto, la Policía Local, nada tuvieron que ver con el fallecimiento de las cuatro jóvenes.

En mayor o menor medida, todos sus alegatos se centraron en fijar la atención en el resto de implicados: la promotora de la macrofiesta, DivierTT, la empresa de servicios auxiliares Kontrol 34 o Seguriber, la compañía de seguridad contratada por el Ayuntamiento para vigilar el recinto de la Casa de Campo.

El más elocuente de todos fue José Rivero. Y eso que hace unos días fue destituido de su cargo -consejero delegado de Madrid, Espacios y Congresos (Madridec)- por la alcaldesa Ana Botella, que alegó «pérdida de confianza» en él. Rivero defendió sin tapujos que el pabellón es un edificio «extraordinariamente seguro, como dice el Colegio de Arquitectos», y aseguró que el único problema fue su «mal uso».

Rivero, al que la Fiscalía ha pedido su imputación en la causa penal que investiga un juzgado de Madrid, basó su tesis a partir de la imágenes de las cámaras de seguridad del recinto, unos vídeos que han sido filtrados a la prensa y que aún no han sido vistos ni por el propio juez.

Sobre estas imágenes, el compareciente descartó que un grupo masivo de jóvenes procedentes del botellón irrumpiera en el recinto hacia las 3.00 horas, coincidiendo con el comienzo del concierto del DJ Steve Aoki. Una teoría defendida ante el juez por el organizador, Miguel Ángel Flores.

El exresponsable de Madridec atribuyó a Kontrol 34 el hecho de abrir las puertas de emergencia para que los jóvenes entraran directamente a la pista central, en una de cuyas bocanas se produjo la fatal avalancha. Y responsabilizó a Flores del exceso de aforo. Para ello, sacó a colación un SMS del imputado en el que aseguraba que metió a 9.650 personas «cuando el aforo que nos dais es de 12.000». Un dato falso, dijo Rivero, ya que para estas fiestas el máximo es de 10.620.

«Nos debía 3.000 euros»

Rivero aseguró que Seguriber no cumplió con el plan de protección y criticó que ninguno de sus 38 vigilantes la noche del siniestro detectara desde el centro de control el tapón mortal en el vomitorio. «Sí era responsabilidad de Seguriber dar la alarma por superación de aforo», llegó a declarar Rivero, que aseguró que no fue informado de la tragedia hasta 45 minutos después.

En cambio, sí reconoció el trato especial que le daban a Diviertt y por qué aceptaron su contratación: «nos debía 3.000 euros, pero le pusimos una fianza de 6.000», dijo. Además, reveló que cobraron 10 euros por coche para acceder al párking del Madrid Arena, «no por hacer botellón».

Más resuelto, el jefe de la Policía Local, Emilio Monteagudo, trató de proteger de cualquier responsabilidad a los 'municipales'. Para ello no dudó en sacar a relucir argumentos como que esa noche había más agentes en los exteriores del programa 'El hormiguero' porque se esperaban 5.000 jóvenes por la presencia de un grupo musical.

De la misma forma, aseguró que el Ayuntamiento le comunicó que dentro del pabellón «la seguridad era de Kontrol 34», mientras que el perímetro lo cubría Seguriber. Sobre otra de las críticas, la permisión del botellón, alegó que ellos lo prohibieron donde vigilaban.

Su declaración provocó las críticas del portavoz del PSOE, Jaime Lissavetzky, que dijo que la Policía «no salía bien parada y menos usted». Previamente, el PP rechazó la presencia de 31 comparecientes, entre ellos la alcaldesa Ana Botella, para enfado de la toda la oposición y el abandono de la comisión de Izquierda Unida.