Un rescate de 40.000 millones

Bruselas decide mañana la suerte de la banca española nacionalizada -Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia y Banco de Valencia-, en un paso decisivo para concretar el importe de la asistencia financiera que España pedirá a los socios comunitarios. «No creo que vaya a haber sorpresas, porque para los bancos nacionalizados la cantidad va a estar en torno a 37.000 millones», afirmó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la capital belga. Informó también de que, sumados los fondos de la aportación de capital público al banco malo a la «cantidad limitada» que precisarán otras entidades no nacionalizadas para recapitalizarse, «el conjunto puede estar en el entorno de los 40.000 millones de euros, cifra que siempre hemos estado manejando, que supone un poco más del 3,5 % del PIB de España».

Los planes de saneamiento de las nacionalizadas, que van a implicar un severo adelgazamiento, son la clave para recibir el visto bueno de la comisaría de Competencia de la Comisión Europea, el departamento que tiene la última palabra sobre las ayudas públicas. De Guindos recordó que los ajustes de plantilla y sucursales «se producirán en un plazo de tiempo relativamente dilatado de cinco años», que es el calendario establecido para la reducción del exceso de capacidad.

¿Qué recorte de empleo y reducción de tamaño se maneja?

En grandes números, la plantilla de Bankia asciende a 20.000 personas, la de Novagalicia es de 6.000 trabajadores, Catalunya Caixa tiene 7.200 empleados y para Banco de Valencia trabajan 1.600 personas en la actualidad. Pero los recortes propuestos en los planes, superiores al 25% de plantilla en Bankia y Novagalicia, y muy significativos en la cifra de sucursales, están condicionados a la venta de filiales, plantilla incluida. Algo parecido sucede con Catalunya Caixa y Banco de Valencia, dos entidades para las que se ha activado el plan de venta a terceros mediante subasta.

¿Habrá problemas de aplicación?

Los sindicatos ya han activado las alarmas: con la vista puesta en el ERE de Banco de Valencia, advierten de que las salidas podrían plantearse, no ya con prejubilaciones compensatorias, o bajas incentivadas, como hasta ahora, sino con 20 días de indemnización por año trabajado, como permite la reforma laboral cuando una empresa alega pérdidas en tres trimestres, una previsión de resultados negativos o un descenso de los ingresos.

¿Por qué no pide España el máximo ofertado por los socios ?

El Gobierno ha puesto el máximo interés en rebajar la cifra de 100.000 millones. No por el importe económico, con condiciones de financiación privilegiadas, sino por la repercusión que tendrá la ayuda sobre la deuda pública y el déficit.

¿Cuáles eran las necesidades?

La consultora Oliver Wyman cifró los requerimientos de capital de la banca española en 53.745 millones de euros. Se pide una cantidad inferior porque el traspaso de activos inmobiliarios al banco malo liberará fondos de las entidades que necesitan ayudas. En grandes números, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) calculó que la puesta en marcha de la Sareb permitirá reducir la cifra inicial en unos 6.000 millones de euros. Lo mismo ocurrirá con otras entidades que no puedan concluir los procesos de fusión que les iban a permitir cumplir los requerimientos.

¿Quedan más ajustes pendientes?

Hay que contar, además, con la repercusión del sacrificio impuesto a los propietarios de participaciones preferentes y deuda subordinada. Bruselas y el Gobierno español han pactado que no reciban a cambio dinero en efectivo ni depósitos, sino acciones o títulos que puedan computar como capital de la máxima calidad exigida. Está en el aire la proporción de tenedores dispuestos a acudir al canje.

¿Qué otros requerimientos hacen bailar las cifras?

El FROB acudirá a la asistencia financiera para cubrir su participación en el capital del banco malo, unos 2.500 millones a comienzos del año próximo, cuando el total rebase los 5.000 millones.