Las tasas avivan el incendio en la Justicia

La entrada en vigor de la ley de tasas judiciales se ha convertido en otra palada de leña a la hoguera prendida en el mundo de la Justicia y que por momentos amenaza con convertirse en un incendio, como anunciaron las protestas de fiscales y magistrados del viernes ante los juzgados y el Ministerio. En el horizonte, además, asoma la posibilidad de la huelga.

La norma, denostada sin excepción por jueces, fiscales, secretarios judiciales, procuradores y abogados, ha ahondado la brecha que desde hace meses separa al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de la totalidad de los operadores judiciales, sin distinción entre progresistas y conservadoras. La misma distancia que vive en el Congreso con los grupos parlamentarios, sin un solo apoyo ajeno a sus reformas, más allá del de los populares.

Las asociaciones de jueces y fiscales, los colegios de abogados y algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial consideran que Gallardón ha comenzado a ejecutar el ambicioso plan de reforma y modernización de la Justicia que anunció al comienzo de la legislatura sin contar con nadie. Temen que siga por igual camino, apoyado por el Gobierno y la mayoría absoluta del PP, con los siguientes y controvertidos capítulos del proyecto, como la reforma de la ley del órgano de gobierno de los jueces o la norma que debe dar la vuelta al decimonónico sistema de enjuiciamiento criminal.

A serenar los ánimos, desde luego, no han contribuido las palabras de Gallardón del jueves. Además de confirmar que no piensa dar un solo paso atrás en la implantación de las nuevas tasas judiciales, advirtió a todos los colectivos de la Justicia y a la oposición de que no aceptará presiones y que está decidido a ejecutar todo el paquete de reformas que considera necesario para modernizar los tribunales y hacer frente a su colapso con apoyos externos o sin ellos, le pese a quien le pese. De hecho, el ministro aborda en soledad las reformas porque el Gobierno ha decidido enfrentarse a las posturas inmovilistas e intereses corporativistas del mundo judicial, un colectivo siempre renuente a los cambios.

El enfrentamiento alcanza incluso a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación conservadora de jueces, mayoritaria en la carrera. Su portavoz, María Teresa Sáez, admite «serios y graves desencuentros» con Gallardón porque «el ministro no quiere abrir una puerta a los jueces, y esto es un problema ante las necesidades acuciantes de la Justicia, que hay que afrontar de inmediato».

«No ha hecho nada»

Al igual que Carlos Carnicer, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Sáez reclamó al ministro «cordialidad y diálogo». Carnicer lamenta que el exalcalde de Madrid no cumpla con lo dicho. «Se comprometió con nosotros a que participaríamos en todas las reformas y no solo no hemos sido informados ni tan siquiera hemos sido oídos», dice. Pese a todo, su apuesta es todavía un pacto de Estado por la Justicia que incluya las aportaciones de todos los que a diario trabajan en los tribunales y que garantice más medios humanos y materiales.

Especialmente dura con el primer año de gestión de Gallardón fue la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles. «No ha hecho nada», resumió. «No ha abordado ninguno de los grandes problemas de la administración de Justicia y se ha limitado a dar grandes discursos que no se han concretado en nada salvo las tasas judiciales, que es un retroceso de derechos gravísimo».

No es muy diferente la valoración que hace la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, María Moretó, que considera que solo «se ha dedicado a lanzar globos sonda». «La oficina judicial no acaba de arrancar, y el proyecto de Código Penal es injustificable, al igual que la falta de inversión en la Justicia, donde muchos juicios son nulos porque no funciona el vídeo, por ejemplo».

Todos los portavoces, salvo la APM, son muy críticos con la ley de tasas, cuya inconstitucionalidad dan por sentada. Piensan que los cánones expulsarán por motivos económicos a muchos ciudadanos de los juzgados, a los que impedirán pleitear por sus derechos e intereses. Carnicer y Robles le atribuyen una intención «exclusivamente recaudatoria» y creen que reducirán la litigiosidad, pero por la pura limitación de derechos. Moretó piensa que con la subida de tasas «vamos a estar en manos de las aseguradoras, que subirán los precios».

Sáez no es contraria a las tasas, pero pone dos pegas. Las ve demasiado altas y no sabe por qué no graban los juicios de faltas para descargar la jurisdicción penal. No obstante, tiene claro que un aumento de plantilla ayudaría más que el canon.