El Ejecutivo arropa a Gallardón tras el aluvión de críticas por la ley de tasas

El Gobierno no tiene previsto cambiar ni una coma de la ley de tasas que entró en vigor el jueves, pese a las duras críticas de toda la comunidad judicial y a la petición de dirigentes autonómicos populares, como el gallego Alberto Núñez Feijóo, de revisar a la baja alguno de los baremos. Soraya Sáenz de Santamaría mantiene la misma postura oficial cada vez que alguna de las medidas del Ejecutivo provoca protestas de colectivos o ciudadanos: máximo respeto y comprensión, pero sin dar ningún paso atrás.

La número dos del Ejecutivo insistió ayer en que, pese a todo el revuelo social, la obligación del Gobierno es tomar decisiones, «aunque no sean fáciles». Ironizó que algunos de los que ahora critican la reforma de la Justicia animaron al Gobierno a emprender cambios estructurales, pero «hasta que tocan» a su nivel de actuación.

Sáenz de Santamaría aseguró que lo que persigue esta norma es, precisamente, lo contrario que se le imputa: una mejora sustancial de la justicia gratuita. Para ello, Justicia opta por un «reparto diferente de los costes» que permitan esa «mejora sustancial» en la prestación de este servicio a las personas que menos recursos tienen. Se trata, según explicó, de que las personas que tengan más recursos para litigar paguen más para cubrir las necesidades de aquellos que no tienen las mismas posibilidades económicas.

La número dos del Gobierno ha dicho que las tasas judiciales no son nuevas, que existen desde 2002, y que, además, se trata de un instrumento común de financiación en todos los países de la Unión Europea. Lo que no ha dicho es que hasta ahora no las pagaban los particulares.

El Gobierno estima que la recaudación por tasas no supondrá más del 10% del presupuesto total de la Justicia (306 millones de los 3.900 del total). En los países de nuestro entorno se acerca al 30% y en estados como Alemania es incluso del 45%. El Ejecutivo proyecta extender el derecho a la justicia gratuita de las familias con ingresos anuales inferiores a 14.910 euros brutos a las que ingresen no más de 15.975. La vicepresidenta indicó que el servicio benefició en 2011 a más de 2,7 millones de personas y que, de cara a 2013, «se quiere ampliar aún más, elevando los umbrales» de las personas que pueden acogerse al mismo.

Sáenz de Santamaría puso el acento en que no todos los procesos judiciales llevan aparejadas el pago de tasas y que, además, existe la a condena en costas. De hecho, seguirán exentos los casos penales, que suman un 72% del total, según los datos del ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón. Recordó que la persona que gane un litigio recuperará el dinero pagado en cánones porque el condenado debe hacerse cargo de sus costas y de las del contrario.

Protestas

Cientos de jueces y fiscales secundaron ayer la convocatoria de todas las asociaciones que integran a estos profesionales en protesta por las nuevas tasas judiciales y contra la reforma de la Justicia. «Gallardón dimisión», gritaron los concentrados frente a las puertas del ministerio. Los asistentes portaron pancartas en las que se podían leer lemas como '¿Qué pasa con las tasas?', 'Si no tienes dinero, no tienes derechos' o 'RIP Justicia'.

José Luis Armengol, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, acompañado de los representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, Foro Judicial Independiente y Jueces para la Democracia, leyó el manifiesto, suscrito también por las asociaciones de fiscales y apoyado por el Colegio de Abogados, en el que expresan su oposición a las tasas por «desproporcionadas».

Armengol indicó que «la administración de Justicia no necesita parches» sino una transformación «de calado» y que propicien un sistema judicial «ágil» e «independiente». En cuanto a la posibilidad de que los jueces y fiscales vayan finalmente a la huelga, este portavoz aseveró que «es una posibilidad que está encima de la mesa», aunque la decisión se tomará en diciembre.