Más violencia machista entre los jóvenes

La violencia de género no entiende de clases sociales, nacionalidades ni tampoco edades. De hecho, estas agresiones machistas contra la mujer se reproducen cada vez más entre los menores. Desde 2007 se registraron 778 casos de este tipo, de los que 716 acabaron con la imposición de medidas educativas o internamiento dictaminado por un juez. En los últimos cinco años los casos de esta naturaleza enjuiciados se han incrementado un 23,7%, según se desprende del balance realizado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica tras los siete años de vigencia de la ley.

«Hay que intervenir en el aprendizaje de los jóvenes para evitar estos comportamientos», explicó la presidenta del Observatorio y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, al explicar el incremento de este comportamiento violento en adolescentes de entre 14 y 17 años. Una de las medidas para intentar revertir esta situación consiste en evitar que se transmita la violencia entre padres e hijos. Por eso, Montalbán destacó que entre las medidas civiles cautelares que un juez puede imponer a un agresor está la suspensión de la guarda y custodia sobre los hijos. «Los menores expuestos a violencia de género son tan víctimas como las mujeres, ya sean por presenciar las agresiones o por sufrirlas», aseguró la presidenta del Observatorio.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han dictado 108.123 sentencias condenatorias por delitos y faltas relacionadas con la violencia de género desde su creación en 2005. En estos siete años los juzgados especializados se han multiplicado de 17 a 106. Este incremento repercute en el aumento de las denuncias y los delitos relacionados con la violencia de género. Así, los juzgados especializados instruyeron un total de 963.471 delitos, de los que 652.212 eran casos por lesiones y malos tratos. Entre ellos, los delitos tipificados en el artículo 153 del Código Penal, que condena el menoscabo psíquico o una agresión sin causar lesión, ascendieron a 520.839 casos. Esto supone un aumento de un 102% respecto a 2005. Los delitos por ejercer habitualmente violencia física ascendieron un 140% hasta los 101.900 casos y los delitos de lesiones más graves crecieron un 18% hasta los 33.473.

Sin embargo, estos fallos pueden verse alterados por la modificación del Código Penal planteada por el Gobierno. En la reforma se elimina la figura de las vejaciones injustas, que representaron el 45% de las falta enjuiciadas. Para el Observatorio estas vejaciones suponen «el primer eslabón en la cadena del maltrato», por lo que critica su posible exclusión. Además, en esa reforma el Ejecutivo también propone implantar las multas como penas en la condena. Una medida que los expertos consideran «contraproducente» porque también castiga a la víctima, ya que en la mayoría de los casos el dinero para abonar la sanción procede del hogar familiar o de bienes gananciales.

Miedo a denunciar

Por otra parte, uno de los problemas para combatir la violencia machista reside en el miedo de la propia víctima, que en muchos casos le lleva a retirar la denuncia. De hecho, de las 735.730 denuncias interpuestas desde 2007 -una media de 360 denuncias diarias, en un 11,5% de los casos las mujeres renunciaron a continuar con el proceso judicial». Esta renuncia se produce por la presión psicológica, económica o familiar. Pero también por el miedo sobre lo que va a pasar después de la denuncia», explicó la presidenta del Observatorio.

La implantación de las tasas judiciales será otro factor que dificulte las denuncias por malos tratos, ya que los problemas económicos son una de las principales causas por la que la víctima no acude a los juzgados. «La tasa es un obstáculo más para romper con su agresor», critica Montalbán. Una acusación que no comparten desde el Partido Popular. Su portavoz sobre violencia de género, Marta González, explicó que las víctimas que no alcancen un nivel de renta estarán exentas. Además, recordó que son las comunidades autónomas quienes tienen competencias para aumentar ese tope. González hizo estas afirmaciones durante la presentación en el Congreso de una proposición no de ley para desarrollar un catálogo «básico y mínimo» de servicios sociales para las víctimas de violencia de género común en todas las comunidades.