Un error judicial 'revienta' la operación contra la mafia china

Un gravísimo error judicial “insubsanable” puede dar al traste con la mayor operación de la historia de España contra los grupos de crimen organizado. La Sala de lo Penal ha ordenado la inmediata excarcelación de Kay Yang, uno de los supuestos lugartenientes del cabecilla de mafia china desmantelada en octubre al confirmar que el juez del caso, Fernando Andreu, vulneró sus derechos fundamentales al mantenerle durante más de 72 horas en situación de detención sin pasar a disposición judicial.

La Audiencia Nacional considera que la prórroga de la detención acordada por Andreu, con la connivencia de la Fiscalía, no tiene ningún amparo legal y vulnera su derecho constitucional a la libertad. El problema radica en que el juez dejó para último lugar en las declaraciones a la cúpula de la supuesta mafia china, entre ellos a su cabecilla, Gao Ping. A esa decena de personas, que hasta ahora no habían recurrido su encarcelamiento pero que lo harán de forma inmediata, también se les prorrogó la detención, por lo que es más que probable que la Audiencia Nacional acuerde también su excarcelación inmediata e irrevocable.

Por su parte, el juez Fernando Andreu ha afirmado que se siente "el único responsable" de la excarcelación de uno de los detenidos en la operación Emperador después de que la Audiencia Nacional haya considerado ilegal la prórroga de su arresto y ha asumido "todas sus consecuencias", aunque cree que fue correcta. Así lo ha asegurado a los periodistas tras conocerse el auto. "Sigo pensando que no me he equivocado", ha dicho Andreu, quien ha añadido que acata y "obedece" la decisión de la sala y ha lamentado que esto haya podido "empañar" el trabajo de los policías, fiscales y otros funcionarios que participaron en esta operación contra la mafia china.

Andreu ha defendido que en las resoluciones en las que ordenaba la detención de los presuntos mafiosos, lo hacía con efecto a autorizar las entradas y registros y la práctica de varias diligencias en los que debían estar presentes los detenidos, y en ellas daba este plazo de tres días para que pusieran a los arrestados a su disposición. Desde su punto de vista, durante las primeras 72 horas los detenidos estaban bajo la custodia y la "disponibilidad" de la policía, por lo que el arresto se hacía en la práctica por parte de los agentes. Prueba de ello, ha señalado, es que fue la policía la que fue decidiendo la puesta en libertad de algunos de los detenidos, y no el juez, que nunca comunicó nada a este respecto a los agentes.

Una investigación policial

Andreu discrepa con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Malaya en la que se apoya el auto de excarcelación, ya que considera que se trató desde el primer momento de una detención judicial porque no se practicó ninguna diligencia policial, como sí ocurrió en la operación Emperador. "Considero que es una detención ordenada por un juez, pero en periodo de investigación policial", ha asegurado Andreu, y ha apuntado que cuando el día 18 (los imputados fueron detenidos el día 16) dictó el auto prorrogando la prisión se comunicó a los detenidos que a partir de ese momento se ponían a disposición del magistrado.

Ha añadido que si decidió prorrogar esta detención y no mandarles a prisión directamente fue para evitar que fueran a la cárcel sin haber declarado antes. "El auto dice que la solución hubiera sido decretar su prisión sin oirles y yo la interpretación que hago al amparo de los principios constitucionales es que el juez debe oirles antes", ha dicho. Además, ha argumentado que este tipo de prórrogas son "habituales" en la Audiencia Nacional y que se ha hecho de esta manera en casos de presos etarras sin que nadie haya recurrido esta decisión.

Respecto a lo que pasará a partir de ahora con este detenido excarcelado y en el caso de que los alrededor de veinte detenidos afectados por la prórroga, entre ellos Gao Ping, recurran su decisión, ha dicho que ahora los fiscales están estudiando el auto para pedir posibles medidas cautelares, que no pueden ser de prisión).