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Economia

Los ministros enfrían la idea de dar la residencia a quien compre casa

De Guindos y Soria remarcan que el Gobierno no ha tomado ninguna decisión y sólo los constructores la apoyan con entusiamo

A. ESTRADA
MADRID.Actualizado:

El Ministerio de Economía y Competitividad no ha encontrado un gran respaldo a su propuesta de conceder un permiso de residencia ampliado a los extranjeros que compren casa en España a partir de 160.000 euros. Una medida dirigida fundamentalmente a ciudadanos rusos y chinos para intentar colocar el stock de viviendas sin vender. Si el lunes, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dejó claro que no había ninguna decisión tomada aún respecto a esta cuestión, ayer ningún cargo público se ha mostrado entusiamado con la idea.

A pesar de que ayer se reunió un grupo de trabajo interministerial, el ministro de Industria, José Manuel Soria, recalcó que es una medida ideada por el Ministerio de Economía y que el Gobierno no ha aprobado por ahora. Soria, que acudía a inaugurar la Cumbre de la Industria organizada por CEOE, remarcó que no hay intención alguna en el Ejecutivo en abrir puertas a la entrada de mafias en España, tras el aviso lanzado por los inspectores de Hacienda.

También el presidente de CEOE, Joan Rosell, consideró que cualquier medida que sirva para reanimar el mercado inmobiliario «hay que estudiarla» pero teniendo cuidado de que «las consecuencias negativas no superen a las positivas». Rosell instó a evitar que se «inflen burbujas» que luego «nos explotan».

Hasta el ministro de Economía, Luis de Guindos, se desmarcó en parte de la iniciativa que el día anterior había lanzado su secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y repitió las palabras de Rajoy de que no se trataba de una decisión aprobada por el Gobierno.

Solo la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) aplaudió la medida al entender que va en la «buena dirección» para reducir el «stock» existente y revitalizar el mercado inmobiliario y dinamizar la economía. Partidos políticos como el PSOE e IU y sindicatos alertaron que la propuesta podría «reactivar» la burbuja inmobiliaria y atraer blanqueo de dinero.