El juicio del Pinar de Coig queda visto para sentencia

El juicio por la construcción ilegal de viviendas en el Pinar de Coig quedó ayer visto para sentencia. La fiscal ha mantenido la petición de condena a nueve años de inhabilitación y dos años de prisión para el exalcalde de El Puerto, Hernán Díaz, y el exconcejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, por presunta prevaricación urbanística. La acusación particular, ejercida por Ecologistas en Acción, ha mantenido la petición de cárcel, con cuatro años para cada uno y una multa de trescientos euros diarios durante veinticuatro meses por el delito contra el medio ambiente al permitir presuntamente la edificación en un espacio de especial protección entre los años 2003 y 2005.

No obstante la fiscal ha planteado que si el juez estima que Hernán cometió un delito de prevaricación genérica -y no urbanística- solo mantiene la petición de inhabilitación. Pero su postura apunta a la tipología urbanística por omisión, porque a juicio de la fiscal, pese a tener delegadas en el responsable de Urbanismo las competencias de concesión de licencias y proyectos de urbanización, Hernán pudo haber incoado expedientes e informado a los juzgados, ya que conocía la identidad de varios propietarios y había autorizado a la Policía Local a realizar inspecciones.

Para Rodríguez sí mantuvo la acusación de prevaricación urbanística activa por haber firmado peticiones a Sevillana Endesa para que dotara de suministro eléctrico al asentamiento ilegal del Pinar de Coig. La defensa de los dos excargos públicos hizo hincapié en que Hernán desautorizó permisos de suministros y solo tardó cinco días en abrir el primer expediente tras el segundo requerimiento de la consejería de Obras Públicas.

En cuanto a Rodríguez, reconoció la rareza de que concediera y denegara permisos de electricidad en apenas unos días, cuando se supo que la Junta no admitiría la legalización del Pinar de Coig en el POT, pero lo justificó con la problemática social, por insalubridad, que se estaba generando en el núcleo de viviendas. También se refirió al lapso de tiempo que transcurrió desde que Urbanismo firmó el convenio con la empresa municipal Serecop, hasta que sus técnicos comenzaron a trabajar en la inspección de viviendas irregulares. Así defendió que Rodríguez sí había actuado para enmendar la ilegalidad que se estaba cometiendo en el pinar.

En la segunda sesión de la vista oral, celebrada en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, prestó declaración el testigo que faltaba; Pedro Alamillos, concejal de Urbanismo entre 2000 y 2003. En su intervención, Alamillos explicó que Hernán no estaba enterado de la problemática de las viviendas ilegales al detalle, sino de forma global; y que autorizó que la Policía Local realizara inspecciones urbanísticas.

También vio su firma en un documento para pedir el suministro de agua a una vivienda del Pinar de Coig, pese a reconocer en la sala que sabía que esta zona no era legalizable. Durante el interrogatorio, la fiscal y la acusación particular intentaron demostrar que tanto Hernán como Rodríguez no eran ajenos a las construcciones ilegales que estaban proliferando en el Pinar de Coig. Así, en sus respuestas, Alamillos recordó que en el año 2000, «viendo la necesidad de paralizar aquello», elaboró un plan para ejecutar el derribo de cuatro chalés sobre los que pesaba una sentencia del Supremo.

«Odio visceral» de Ecologistas

«Pedí una orden judicial para el derribo, pero me la denegaron porque esta competencia correspondía al alcalde, y no a un concejal». Por otro lado, aseguró que Juan Carlos Rodríguez estaba en la junta local de gobierno donde presentó el citado plan para las demoliciones. Del mismo modo afirmó haber hablado con el acusado sobre la problemática de las Emas antes de darle el testigo en el área de Urbanismo.

Mientras que Rodríguez prefirió no hacer uso de su derecho a una última intervención, Hernán sí se dirigió al juez para asegurar que desde el año 2000 la Policía tenía orden de requerir la documentación a los propietarios de todas las construcciones ilegales. También se refirió el ex regidor al «odio visceral» que a su juicio le profesan los miembros de Ecologistas en Acción. En este sentido se refirió al conflicto que surgió a raíz del local que les cedió el Ayuntamiento en la Plaza de Toros y que él le quiso cambiar por otro en El Tejar.