La huelga reta a la política del Gobierno con protestas multitudinarias en la calle

La segunda huelga general contra el Gobierno de Mariano Rajoy, la segunda en menos de ocho meses -es la primera vez que en un año se hacen dos paros generales-, la primera que se hace simultáneamente en la Península Ibérica y que coincide con movilizaciones en todos los países europeos, y la primera convocada conjuntamente con 150 organizaciones que conforman la Cumbre Social fue considerada un «éxito» por los sindicatos.

Más de nueve millones de asalariados secundaron el paro, el 77% del total descontando los servicios mínimos, según los sindicatos convocantes. Aunque durante toda la mañana, los representantes sindicales aseguraban que la participación era superior a la de la huelga del 29-M, el seguimiento en términos porcentuales es igual, y menor en cifras absolutas, pero en este caso se debe fundamentalmente a que los trabajadores en servicios mínimos se han incrementado en casi un millón. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, resaltó que en esta huelga «no han podido participar 600.000 asalariados que han perdido el empleo desde marzo».

Los sindicatos confiaban mucho en las manifestaciones convocadas en más de cien ciudades españolas y la asistencia no defraudó. Centenares de miles de personas, muchos jóvenes, salieron a la calle para protestar contra los recortes, exigir otra política económica y la convocatoria de un referéndum. El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, proclamó que «hay alternativas y van a surgir de la presión de la ciudadanía», y puso como ejemplo el freno a los desahucios, fruto de las movilizaciones sociales. Toxo reclamó al Gobierno que «devuelva la palabra a la ciudadanía» porque «las urnas tienen que volver a hablar» en referencia a la convocatoria de un referéndum sobre la política económica. El líder de CC OO aseguró que la situación «es explosiva», mientras que el de UGT exigió al Ejecutivo que reconozca que su política «ha fracasado».

El paro fue secundado de forma desigual según los sectores, con una masiva participación en la industria, los transportes y la educación, y menor en el comercio, la hostelería, la banca y la sanidad. Los sindicatos cifraron el seguimiento en la industria en el 95%, 94% en transporte, 70,7% en los servicios (41% en la banca) y 67% en las administraciones públicas. Los cálculos de la CEOE situaron la participación en el 9% en el metal, 10% en el comercio, 5% en restauración, 2,6% en banca, 1,28% en el sector eléctrico, 0,5% en hoteles y 0% en textil.

Camino inadecuado

Quienes secundaron la huelga o acudieron a las manifestaciones pretendían lanzar un mensaje al Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo no quiso darse por enterado; restó importancia al paro y habló de «normalidad» en la jornada. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, compareció por la mañana ante los medios de comunicación en el Congreso para dejar claro que el paro no tendría efecto en la política económica. El ministro dijo que, aunque el Ejecutivo respeta el derecho de huelga, en las circunstancias actuales «no es el camino adecuado para reducir la incertidumbre». No obstante, Cándido Méndez consideró que si el titular de Economía había salido a valorar la huelga era «señal de que ha tenido impacto nacional e internacional».

Los sindicatos sí criticaron que fuera el Ministerio del Interior el que facilitara los datos sobre la huelga, en lugar del Ministerio de Empleo, en un «intento de convertir un conflicto laboral en un conflicto de orden público». Y denunciaron provocaciones a los piquetes informativos por parte de la Policía. Fernández Toxo, incluso, llegó a comentar que habían encontrado polícias infiltrados en piquetes con pegatinas de CC OO a los que habían expulsado. Ambos destacaron que, en Madrid y Barcelona, los ciudadanos habían organizado sus propios piquetes informativos, sin intervención sindical, para animar a la huelga. Méndez «agradeció» a los trabajadores que secundaron la huelga el esfuerzo que eso suponía -para un sueldo medio, un día de huelga supone perder unos cien euros-.

Desde el lado empresarial, la patronal CEOE aseguró que se había registrado una «asistencia generalizada de trabajadores a sus puestos de trabajo y sin incidentes destacables». El presidente de CEOE, Joan Rosell, expresó su deseo de que las huelgas «no se produzcan cada dos por tres, pues lo único que se conseguirá es que se pierdan muchas horas de trabajo y mucho dinero». El Partido Popular habla de 4.000 millones de euros, pero eso supondría que hubiera parado todo el país.

Rosell insistió en que la patronal «aún no entiende los motivos de esta huelga», y que los empresarios «también lo están pasando muy mal, pero no hacen huelgas, sino propuestas concretas porque no es momento de crispar más el ambiente». CEOE utilizó el descenso del consumo de energía eléctrica, un 12% a las 12.30 de la mañana, para cuantificar en ese porcentaje el seguimiento de la huelga. Sin embargo, es una mala interpretación porque el consumo doméstico, el del comercio, los servicios y las administraciones se mantiene. Según el análisis de Economistas frente a la Crisis, el consumo de electricidad imputable a la actividad productiva cayó en torno al 60%. En todo caso, la caída fue inferior a la del 29-M.

El paro del 14-N «no es el fin de una etapa», avisaron las centrales, y las movilizaciones seguirán, aunque el líder de CC OO precisó que usarán «con mucha responsabilidad» el derecho de huelga. El líder de USO, Julio Salazar, dijo que si no hubiera cambio «el desánimo de la ciudadanía crecería respecto a los políticos». Y Méndez retó al presidente del Gobierno a que, «si tiene agallas», convoque un referéndum sobre su política económica.