Otro escándalo en la Bahía

El asunto de las ayudas de los planes de empleo en la Bahía de Cádiz va camino de convertirse en un escándalo de similares proporciones al de los ERE falsos que se investigan desde Sevilla. Tal y como denunciaron ayer los dirigentes del Partido Popular, Antonio Sanz y Teresa Ruiz-Sillero, el Gobierno andaluz repartió durante años ayudas por valor de millones de euros que, a día de hoy, nadie ha justificado.

Ya lo denunció la pasada semana la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien aseguró que el Gobierno central no puede aprobar un Plan Especial de Empleo para Andalucía en cuanto en tanto la Junta no justifique los 24,3 millones invertidos en Cádiz en los últimos años.

Y difícilmente el Gobierno de Griñán va a poder justificar buena parte de ellos después del escándalo de Dávila Ouviña, supuesto empresario gallego al que se le concedieron más de tres millones y medio de euros en ayudas sin ningún tipo de control. Ouviña se presentó en las oficinas de la consejería de Economía e Innovación asegurando ser un reputado inversor gallego que quería invertir en Cádiz. Presentó numerosa documentación falsa que nadie cotejó y se le concedió el dinero. Desde entonces, no se volvió a saber de él.

Está por demostrar -la Justicia deberá hacerlo- si en este caso se puede hablar de corrupción y si alguien de dentro de la administración era cómplice. Pero lo que es evidente es la negligencia de los responsables de buscar a los inversores para concederles las ayudas. Millones de euros de las arcas públicas andaluzas que, a día de hoy, se han perdido. Obviamente alguien deberá responder por ello. Al igual que en el caso de los ERE falsos, tal y como afirmaban ayer desde el Partido Popular.