Las protestas multitudinarias retan a la política del Gobierno

La segunda huelga general contra el Gobierno de Mariano Rajoy, la segunda en menos de ocho meses -es la primera vez que en un año se hacen dos huelgas generales-, la primera que se hace simultáneamente en la Península Ibérica y que coincide con movilizaciones en todos los países europeos, y la primera convocada conjuntamente con 150 organizaciones que conforman la Cumbre Social fue considerada un «éxito» por los sindicatos. Masivas manifestaciones cerraron la jornada de huelga en más de un centenar de ciudades. La jornada transcurrió en relativa calma durante todo el día hasta que

Más de nueve millones de asalariados secundaron la huelga, el 77% del total descontando los servicios mínimos, según los sindicatos convocantes. Aunque durante toda la mañana, los representantes sindicales aseguraban que la participación era superior a la de la huelga del 29M, el seguimiento en términos porcentuales es igual, y menor en cifras absolutas, pero en este caso se debe fundamentalmente a que los trabajadores en servicios mínimos se han incrementado en casi un millón. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, resaltó además que en esta huelga «no han podido participar 600.000 asalariados que han perdido el empleo entre marzo y noviembre».

Los sindicatos confiaban mucho en las manifestaciones convocadas en las principales ciudades españolas y la asistencia no defraudó. Millones de personas, muchos jóvenes, salieron a la calle para protestar contra los recortes, exigir otra política económica y la convocatoria de un referéndum. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, proclamó que «hay alternativas y van a surgir de la presión de la ciudadanía», y puso como ejemplo el freno a los desahucios, fruto de las movilizaciones sociales. Toxo reclamó al Gobierno que «devuelva la palabra a la ciudadanía» porque «las urnas tienen que volver a hablar» en referencia a la convocatoria de un referéndum sobre la política económica. El líder de CCOO aseguró que la situación «es explosiva», mientras que el de UGT exigió al Ejecutivo que reconozca que su política «ha fracasado».

El paro fue secundado de forma desigual según los sectores, con una masiva participación en la industria, los transportes y la educación y menor en el comercio, la hostelería, la banca y la sanidad. Los sindicatos cifraron el seguimiento en la industria en el 95%, 94% en transporte, 70,7% en los servicios (41% en la banca) y 67% en las administraciones públicas. Los cálculos de la CEOE situaron la participación en el 9% en el metal, 10% en el comercio, 5% en restauración, 2,6% en banca, 1,28% en el sector eléctrico, 0,5% en hoteles y 0% en textil.

Quienes secundaron la huelga o acudieron a las manifestaciones pretendían lanzar un mensaje al Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo no quiso darse por enterado; restó importancia al paro y habló de «normalidad» en la jornada. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, compareció por la mañana ante los medios de comunicación en el Congreso para dejar claro que la huelga no tendría efecto en la política económica. El ministro dijo que, aunque el Gobierno respeta el derecho de huelga, en las circunstancias actuales «no es el camino adecuado para reducir la incertidumbre». No obstante, Cándido Méndez, consideró que si el titular de Economía había salido a valorar la huelga era «señal de que ha tenido impacto nacional e internacional».

Los sindicatos sí criticaron que fuera el Ministerio del Interior el que facilitara los datos sobre la huelga, en lugar del Ministerio de Empleo, en un «intento de convertir un conflicto laboral en un conflicto de orden público». Y denunciaron provocaciones a los piquetes informativos por parte de la Policía. Fernández Toxo, incluso, llegó a comentar que habían encontrado polícias infiltrados en piquetes con pegatinas de CCOO a los que habían expulsado. Ambos destacaron que en Madrid y Barcelona, los ciudadanos habían organizado sus propios piquetes informativos, sin intervención sindical, para animar a secundar la huelga.

Cándido Méndez «agradeció» a los trabajadores que habían secundado la huelga el esfuerzo que eso suponía -para un sueldo medio, un día de huelga supone perder unos cien euros- y destacó la dimensión «cívica» a través de la huelga de consumo que también habían solicitado.

Desde el lado empresarial, la patronal CEOE aseguró que se había registrado una «asistencia generalizada de trabajadores a sus puestos de trabajo y sin incidentes destacables». El presidente de CEOE, Joan Rosell, expresó su deseo de que las huelgas «no se produzcan cada dos por tres, pues si es así, lo único que se conseguirá es que se pierdan muchas horas de trabajo y mucho dinero». Insistió en que la patronal «aún no entiende los motivos de esta huelga», y que los empresarios «también lo están pasando muy mal, pero no hacen huelgas, lo que hacen son propuestas concretas porque no es momento de crispar más el ambiente». CEOE utilizó el descenso del consumo de energía eléctrica, un 12% a las 12:30 de la mañana, para cuantificar en ese porcentaje el seguimiento de la huelga. Sin embargo, eso es una mala interpretación porque el consumo doméstico, el del comercio, los servicios y las administraciones se mantiene aunque se vean afectados por el paro de forma parcial o total. Según el análisis de Economistas frente a la Crisis, el consumo de electricidad imputable a la actividad productiva cayó en torno al 60%. En todo caso, la caída del consumo de energía fue menor que la del 29M.

El paro del 14N «no es el fin de una etapa» y las movilizaciones seguirán si el Gobierno no modifica su política, aunque el líder de CCOO precisó que los sindicatos usarán «con mucha responsabilidad» el derecho de huelga. Por su parte, el líder de USO, Julio Salazar, dijo que si no hubiera cambios «el desánimo de la ciudadanía crecería respecto a los políticos». Y Cándido Méndez retó al presidente del Gobierno a que, «si tiene agallas», convoque un referéndum sobre su política económica.