Fernández Díaz avisa que «la Policía cumplirá y hará cumplir la ley»
Los sindicatos de los cuerpos autonómicos se unen al SUP en contra de los lanzamientos
MADRID.Actualizado:El ministro del Interior no se anduvo con matices a pesar de la polvareda que han desatado los desahucios por impago y los reparos morales de muchos policías que participan en esos desalojos. Jorge Fernández Díaz aseguró no tener «ninguna duda» de que las fuerzas de seguridad bajo su mando y también los cuerpos autonómicos y locales «cumplirán y harán cumplir» la ley en el caso de las expulsiones ordenadas por jueces.
Fue la respuesta del ministro al mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP), que el fin de semana ofreció asistencia jurídica a todos los agentes que aleguen objeción de conciencia para no participar en los desahucios y que ayer, incluso, fue más lejos al prometer que se hará cargo del sueldo de esos funcionarios en el caso de que sean suspendidos por negarse a echar de sus casas a los inquilinos morosos.
«La Policía está para cumplir y hacer cumplir la ley, ese es un mandato legal y constitucional», zanjó Fernández, quien recordó que los funcionarios deben siempre cumplir «las órdenes de la autoridad legítima, en este caso la autoridad judicial». El ministro recordó que «otra cosa» son las conversaciones entre el Gobierno y la oposición para reformas las leyes, pero garantizó que mientras no cambie la normativa los agentes seguirán actuando.
A pesar de la rotundidad de Jorge Fernández Díaz, los principales sindicatos de los cuerpos autonómicos secundaron, en mayor o menor medidas, el llamamiento del SUP. Sin llegar a instar a los funcionarios a no participar en los desalojos, Erne (mayoritario en la Ertzaintza) exigió a las diferentes administraciones, gobiernos y partidos que dejen de usar a los policías y a los jueces para hacer efectiva «una ley de una injusticia tremenda». El Sindicato Autónomo de Policía-UGT de los Mossos d'Esquadra también se negó a hacer un llamamiento a objetar, si bien pidió «sensibilidad» a los poderes políticos y judiciales para frenar los lanzamientos.