La banca paraliza dos años los desahucios en los casos de «extrema necesidad»

La banca se anticipó al acuerdo de los políticos al anunciar la paralización de los desahucios de la vivienda habitual en situaciones «de extrema necesidad» o protagonizadas por personas de colectivos «especialmente vulnerables». Lo anunciaron ayer la Asociación Española de Banca (AEB), primero, y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), después, cuando el Gobierno y el PSOE todavía no se habían sentado a negociar la fórmula de consenso de la reforma legal.

La banca precisa que la interrupción se prolongará durante dos años, mientras las cajas de ahorro han optado por mantenerla «hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades». En la AEB están el Santander, BBVA, Sabadell-CAM, Banesto, Banco Popular y también las filiales españolas de Deutsche Bank o Barclays. En la CECA permanecen CaixaBank, Kutxabank, Bankia o Catalunya Caixa, entre otras entidades.

Está por precisar qué se entiende por circunstancias «de extrema necesidad». Miguel Martín, presidente de la AEB, mencionó a modo de ejemplo que razones humanitarias llevarían a suspender los lanzamientos (desahucios) de personas en situación de grave enfermedad, edad elevada, dependencia, hijos menores...

La AEB explicó que, ante la alarma social generada por los desahucios hipotecarios, el pasado jueves, antes, por tanto de que se produjera el suicidio de Amaia Egaña, trasladó este compromiso al secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, en nombre de los bancos. Sus dirigentes se habían entrevistado previamente con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y con el gobernador del Banco de España, Luis María Linde.

La CECA, por su parte, informó de que ha ofrecido a los reguladores toda su colaboración para el diseño y ejecución de una nueva normativa «que evite la exclusión financiera y social de aquellos colectivos que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad» a consecuencia de los procedimientos de ejecución hipotecaria. Igual disposición ha mostrado la AEB, que asegura haber alcanzado el compromiso de interrumpir los lanzamientos «tras un intenso debate y con el fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica».

Las dos agrupaciones bancarias, y también las entidades de forma aislada, han querido poner de manifiesto los esfuerzos realizados y aseguran que, desde comienzos de la crisis, estudian caso por caso la situación de los clientes hipotecarios para ofrecerles las medidas que pudieran representar una salida. Mencionan, entre ellas, las refinanciaciones de la deuda a periodos de carencia, pasando por daciones en pago con carácter voluntario o la adquisición de vivienda para su posterior alquiler al deudor. A la vista de los lanzamientos producidos o anunciados, estas fórmulas no han abarcado a todas las familias necesitadas.

Caixa Catalunya, una entidad nacionalizada, asegura que paralizó los desahucios de particulares de su vivienda habitual el pasado 6 de noviembre, y añade que ha ampliado la fórmula de alquiler social y rebajado la cuota mensual hasta un mínimo de 175 euros para adaptarlas a las situaciones de familias desfavorecidas, que de este modo podrán permanecer en el piso, o en otro propiedad de la caja de ahorros. Entre los bancos, Sabadell-Guipuzcoano ha recordado que, hasta la fecha, no ha llevado a cabo lanzamientos y se ha comprometido a «trabajar por todos los medios» para evitar que se produzcan.

«Las primeras interesadas»

En apoyo del compromiso de los bancos ha salido Luis de Guindos quien, en una comparecencia ante el Parlamento europeo, manifestó que las entidades de crédito «son las primeras interesadas en no quedarse con la casa de nadie», en referencia al abultado stock de viviendas que acumula el sector. Aludió a los efectos perversos que podría tener una reforma inadecuada de la legislación sobre desahucios. Aunque no los mencionó, el sector se ha referido con frecuencia al potencial aumento de los impagos y de la morosidad por el 'efecto llamada', o a la aún mayor contracción del crédito y aumento de los tipos de interés en las operaciones futuras.

El ministro, no obstante, consideró «imprescindible» que ninguna familia que obra «de buena fe» se quede sin techo por la crisis. «Todos como país -concluyó- desde la oposición a las fuerzas sociales, tenemos que hacer un esfuerzo para que las familias más vulnerables, las que tienen dificultades como consecuencia de la crisis, no se encuentren en situaciones imposibles como consecuencia de la pérdida de la vivienda».