El Gobierno espera que otros bancos emulen a Kutxabank y paralicen los desahucios

La urgencia les une, pero la fórmula les separa. Los expertos del Gobierno y del PSOE se sentarán hoy a negociar las medidas que frenen la ola de desahucios con recetas diferentes. El Ejecutivo sostiene que el margen para las reformas legales es estrecho so pena de abrir una crisis en el sistema bancario. Los socialistas defienden, en cambio, que es viable poner en práctica la proposición de ley que presentaron el 25 de octubre en el Congreso para la reforma del mercado hipotecario que mejora la posición de los deudores a costa de limar el margen de beneficio de la banca.

El Gobierno recibió con indudable satisfacción la decisión de Kutxabank y Caja Laboral de paralizar los desahucios hasta que la nueva normativa entre en vigor. Confía en que otros bancos transiten por esa misma senda sin necesidad de imponer medidas coercitivas, pero también reconoce que no va a ser fácil que el ejemplo cunda. Las dos entidades financieras vascas tienen más sencillo que otras adoptar esa decisión porque el crédito hipotecario no es su principal negocio, a diferencia de otras en las que los préstamos para la adquisición de inmuebles pesan mucho en sus balances.

El Ejecutivo sostiene además que, sin negar gravedad al problema de los desahucios por impago, las cifras se han inflado. Ve muy improbable que se hayan producido 400.000 desahucios de viviendas en los últimos cinco años. Fuentes del PP indican que en la bolsa de desalojos se han incluido locales, plazas de garaje, segundas residencias y hasta propiedades con fines especulativos. Primeras viviendas, aseguran estas fuentes, son muchas menos.

Con todo, en la Moncloa se comparte la preocupación y la urgencia de dar una solución. Con ese espíritu, dicen en el PP, acudirá hoy la comisión de expertos gubernamentales, encabezada por el subsecretario de Economía, Miguel Temboury, a la cita con los representantes socialistas, la diputada y secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, el expresidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez y el notario Ignacio Navas. Rajoy adelantó que el Gobierno propondrá la paralización de los procesos de expulsión de las familias más desprotegidas, así como la ampliación del colectivo al que se aplica el Código de Buenas Prácticas y que establece que en condiciones de muy alta precariedad no cabe proceder al desahucio.

La propuesta que maneja el Gobierno no implica la generalización de la dación en pago, entrega de la casa para cancelar la deuda, porque no sería viable si la familia no tiene otro lugar para vivir, según el portavoz de Economía del PP, Vicente-Martínez Pujalte. El Ejecutivo es más partidario de extender la fórmula de alquiler social en la misma vivienda y de la ampliación de los periodos de carencia. Todo ello, de entrada, no supondría más que unos retoques legales de rápida puesta en marcha.

Cinco leyes

El PSOE plantea ir más allá y se aferra a la proposición que registró en el Congreso, y que implicaría la reforma del mercado hipotecario. La iniciativa modifica cinco leyes, la hipotecaria, la de enjuiciamiento civil, la de regulación del mercado hipotecario, la de disciplina e intervención de las entidades de crédito y la de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.

Los socialistas aseguran que estos cambios no tienen por qué prolongarse en el tiempo porque con un decreto-ley o un proyecto de ley tramitado por la vía de urgencia pueden estar en vigor a corto plazo. Hasta entonces, se congelarían los desalojos de las familias si es su primera vivienda, plantea el partido opositor.

Con estos planteamientos los expertos se verán las caras hoy. Por detrás, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, seguirán en estrecho contacto para intentar desatar los 'nudos' que surjan en la negociación. Y en última instancia, Rajoy y Rubalcaba se han comprometido a desencallar la situación si se mete en un callejón sin salida.