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Otro suicidio apremia a Gobierno y PSOE a legislar ya contra los desalojos dramáticos
Rajoy promete negociar la congelación de los desahucios de las familias más vulnerables Rubalcaba solicita a los bancos que paralicen todas las expulsiones hasta que la nueva norma esté en marcha
MADRID. Actualizado: GuardarEl suicidio de una mujer cuando iba a ser desalojada de su piso en Baracaldo, que se suma a la de un hombre el 25 de octubre en Granada, sirvió ayer de nuevo aldabonazo para el Gobierno y el PSOE. «Estamos viviendo cosas terribles, inhumanas», admitió el presidente del Gobierno en su primer mitin de la campaña electoral catalana. «Es un tema difícil con muchas implicaciones que se ha de tomar con toda seriedad pero también con toda humanidad», añadió Mariano Rajoy.
Dos días después de haber alcanzado un «preacuerdo» para acometer reformas legales que permitan contener los desahucios de familias en situación de mayor debilidad, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general de los socialistas, Elena Valenciano, volvieron a ponerse en contacto para reafirmar su compromiso de que los cambios serán «urgentes». «Espero que el lunes -dijo Mariano Rajoy- hablemos de la paralización temporal de los desahucios que afectan a las familias más vulnerables».
El PSOE, mientras, solicitó formalmente a los bancos que detengan «todos» los desahucios hasta que haya una nueva regulación sobre la materia. Alfredo Pérez Rubalcaba remitió sendas cartas a los presidentes de la Asociación Española de la Banca y de la Confederación de Cajas de Ahorro, Miguel Martín y Isidro Fainé, para recordarles que su partido trata de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo y para trasladarles formalmene su petición. «Nuestro objetivo es facilitar vías alternativas para aquellas familias que, golpeadas por el paro u otras calamidades, no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas», explica en sus misivas.
La propuesta legislativa, o el futuro decreto ley aún por pergeñar, habría servido en realidad de muy poco para soluciónar la situación de Amaia Egaña, la exedil socialista que se precipitó al vacío desde la ventana de la que durante años fue su vivienda. Las conversaciones mantenidas hasta ahora por el Ejecutivo y la oposición han centrado su atención en familias en situación especialmente delicada con hijos o con mayores a cargo, un perfil que no se corresponde con el de un matrimonio con dos trabajos y un vástago mayor de edad.
Ninguno de los dos planea soluciones universales. La idea es, más bien, proteger a quienes se encuentran en una situación más vulnerable y en riesgo de perder su única vivienda por la incapacidad, no dolosa y sobrevenida, de hacer frente a la deuda contraída.
El Código de Buenas Prácticas que aprobó el Gobierno hace ocho meses ya ofrecía soluciones como los periodos de carencia de hasta cuatro años y alargamiento de la vida del préstamo a cuarenta, la renegociación del tipo de interés, la quita de hasta un 25% de la deuda e incluso la dación en pago. Pero solo para aquellos que se econtraran en el «umbral de exclusión», lo que implica, entre otras cosas, que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro, que no tengan más patrimonio y que la cuota mensual que deben pagar sea de más del 60% de sus ingresos.
Más beneficiarios
Los socialistas, que ya registraron una propuesta legislativa en el Congreso a finales de octubre, pretenden, entre otras cosas, que la definición del «umbral de exclusión» se modifique hasta abarcar a aquellas familias cuyas rentas del trabajo o de actividades económicas no superen dos veces y media el indicador de rentas múltiples (Imprem), es decir, los 18.600 euros y cuya cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos. Y Rajoy dejó claro que está dispuesto a avanzar en esa dirección.
Tanto el PP como el PSOE hablan ahora también de un alquiler social por parte de los bancos; una demanda insistente de Izquierda Unida. El coordinador de esta formación, Cayo Lara, defendió ayer que los cambios legislativos precisos se lleven a cabo con la misma celeridad con la que se modificó la Constitución en agosto de 2011 y recordó que tanto su grupo parlamentario como otras fomaciones minoritarias de la cámara llevan años haciendo propuestas para afrontar este problema. «Que dejen a un lado sus cálculos bipartidistas y dejen paso de inmediato al trabajo de todos los grupos en el Parlamento».
De momento, socialistas y populares siguen trabajando en propuestas. El Ministerio de Presidencia y el de Economía se reunieron ayer para preparar la reunión de carácter técnico que el lunes celebrará con el PSOE y Alfredo Pérez Rubalcaba lo hará hoy en Ferraz con los tres expertos que acudirán a la cita por parte de su partido.