IU discrepa del PSOE y atribuye a Fernández y Viera un «perverso diseño» de las ayudas

Los grupos parlamentarios presentaron ayer sus conclusiones de la comisión de investigación de los ERE fraudulentos que durante los pasados meses de agosto y septiembre escuchó las explicaciones de los comparecientes. PSOE e IU, que apuraron hasta ayer por la tarde cuando expiraba el plazo, mostraron discrepancias en sus conclusiones y situaron la responsabilidad política en diferentes personas.

Mientras los socialistas apuntaron hacia el que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, IU responsabilizó a los que fueran consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández. El PP, que ya adelantó el miércoles algunas de sus conclusiones, elevó las responsabilidades políticas al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor, Manuel Chaves. Los populares en total pedían 16 dimisiones.

En un extenso documento de 69 folios, el PSOE considera que «la atribución exclusiva para la concesión de las ayudas» correspondía a la Dirección General de Trabajo, de la que Guerrero fue el máximo responsable entre los años 2000 y 2008. Añade que existió un uso «indebido» del procedimiento por parte de este ente.

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Francisco Alvarez de la Chica, negaba que se pudieran establecer responsabilidades en Viera y Fernández, «porque en absoluto se ha situado de forma nítida y clara durante los trabajos de la comisión». Una teoría que choca con la de IU. «No compartimos en absoluto su visión, aunque la respetamos», afirma.

En el documento de conclusiones, el PSOE reitera la legalidad del procedimiento de las ayudas y se refiere a la Intervención General de Andalucía, que en la figura de Manuel Gómez fue una de las comparecencias más aludidas durante las declaraciones. «Si la Intervención, en su labor de fiscalización hubiera apreciado que concurría afectación de la legalidad, fraude o riesgo de menoscabo de fondos públicos, con los controles legales existentes podría haber paralizado el procedimiento», explica.

Por su parte IU sí coloca a Viera y Fernández en el máximo nivel de responsabilidades como «autores intelectuales del perverso diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles».

El socio de gobierno del PSOE se refiere a los dos exconsejeros como «muñidores del convenio» del año firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que posteriormente pasó a llamarse IDEA.

IU también advierte responsabilidad en Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo, y en el propio Guerrero. «Personas sobre las que no ejercían ningún tipo de control y vigilancia», explica IU en referencia a que estos altos cargos dependían de Viera y Fernández y «gestionaban más directamente» las partidas destinas a las ayudas sociolaborales.

Otra cuestión a la que alude el documento de conclusiones -41 páginas-, ofrecido por IU es que la Intervención General «renunció» a emitir un informe de actuación, a pesar de que «había razones para ello» por las irregularidades detectadas.

El PP, en el amplio documento de conclusiones presentado -79 folios-, advierte que es «inaceptable» que en el PSOE sólo se responsabilice a Guerrero de lo sucedido. Los populares entienden que desde la Junta de Andalucía se ideó un «sistema opaco de ayudas sin ajustarse a la ley y con una marcada intención política».