El Gobierno propone al Congreso retrasar dos años la edad de jubilación anticipada

El camino que conduce a un endurecimiento de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial se inició ayer. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, acudió a la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados para abrir el debate sobre las reformas que propone el Gobierno. Aunque no se concretó, sí dejó traslucir que la intención del Ejecutivo es retrasar dos años la edad de jubilación anticipada como se ha hecho con la jubilación ordinaria que pasa a los 67 años a partir de 2027 tras un periodo transitorio (aunque permitiendo la jubilación normal a los 65 años para quienes hayan cotizado más de 38 años y medio). Es decir, que el Ejecutivo quiere que pase de 61 a 63 años la jubilación anticipada en caso de despido y de 63 a 65 años cuando sea voluntaria, según fuentes del Ministerio de Empleo. La reforma de las pensiones que entra en vigor el próximo 1 de enero ya retrasa de 61 a 63 años la edad para la jubilación anticipada, salvo en los despidos forzosos que se acordó en 61 años. El Gobierno no plantea modificar la situación de la jubilación anticipada en los trabajos penosos o peligrosos ni para los trabajadores con discapacidad. Los cambios no se aplicarán a las personas despedidas o afectadas por ERE, convenios colectivos, acuerdos de empresa o procedimientos concursales aprobados con anterioridad al 1 de agosto de 2011, cuando se publicó la ley de reforma de las pensiones que entra en vigor en 2013. Pero sí les sería de aplicación el ajuste en los coeficientes reductores de la pensión que el Gobierno también quiere endurecer. Respecto a los empleados públicos, el informe del ministerio insta a valorar que no se les permita la jubilación anticipada.

El secretario de Estado de la Seguridad Social destacó que «la prolongación de la vida laboral es necesaria para garantizar el sistema de pensiones». Según Tomás Burgos, de poco servirá a la sostenibilidad del sistema retrasar la edad de jubilación a los 67 años si uno de cada dos se retira anticipadamente. El año pasado, 111.648 trabajadores se jubilaron anticipadamente, el 40,53% del total, y de ellos 73.160 personas con coeficientes reductores.

En cuanto a la jubilación parcial, el responsable de la Seguridad Social fue muy crítico con su actual situación porque no tiene coeficientes reductores y todo el coste «recae sobre el sistema». Burgos planteó subir la edad a la que se puede acceder a ella; duplicar la jornada mínima laboral, que pasaría del 25% al 50%, y elevar de 30 a 33 los años de cotización exigidos para acceder a ella.

El secretario de Estado se mostró dispuesto a acordar los cambios en el Pacto de Toledo, «son propuestas abiertas», dijo. Pero también dejó claro que hay que introducir modificaciones para alargar la vida laboral efectiva. «No hay alternativa», concluyó.

Desde la oposición, la portavoz del PSOE, Isabel López i Chamosa, le acusó de pretender «una reducción de las pensiones de los futuros pensionistas y un ahorro para la Seguridad Social», y recordó que «todos los que se van a la jubilación a los 61 años son los expulsados del mercado de trabajo». Joan Coscubiela, de Izquierda Plural, denunció las «trampas dialécticas» y señaló que con estas reformas «no solo se penaliza a los despedidos a cobrar más tiempo el subsidio asistencial, sino que por ello se reducirá la pensión para toda la vida». Desde CiU, Carles Campuzano también expuso que las reformas que plantea el Gobierno «no son prioritarias». Emilio Olabarría, del PNV, apoyó adecuar la edad de jubilación anticipada a la ordinaria y abogó por eliminar los contratos de relevo.

Por último, Burgos defendió permitir compatibilizar la jubilación y el trabajo. De esta forma, a partir de la edad ordinaria se podría cobrar un porcentaje de la pensión -entre el 50% y el 60%- y el trabajo, aunque se les impondría una «cotización de solidaridad» que podría aportar 100 millones de euros anuales al sistema si el 25% de los pensionistas compatibilizaran las dos cosas.