El ministro del Interior insiste en que «matrimonio es de hombre y mujer»

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se rebeló ayer contra la estrategia del Gobierno y la dirección del PP de archivar cuanto antes la controversia política sobre el matrimonio homosexual una vez que el Tribunal Constitucional, con una mayoría muy cualificada, concluyó el martes que se trata de un derecho plenamente compatible con el contenido de la Carta Magna.

Fernández Díaz fue el único alto cargo del PP que censuró en público el fallo del tribunal, pero refleja el disgusto de un sector del partido, minoritario en la jerarquía política e institucional popular. Este ala católica y conservadora no entiende cómo tras llevar la norma ante el Constitucional, y oponerse a su aprobación incluso con manifestaciones en la calle, ahora el Ejecutivo se conforma con la interpretación del tribunal y no usa la mayoría absoluta para derogar la ley, como defendió en la oposición a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

El ministro del Interior aprovechó un acto policial para aclarar que para él nada ha cambiado tras la sentencia. «Sigo creyendo que el matrimonio define la unión de un hombre y una mujer, y estoy en contra del derecho a adoptar niños por parejas del mismo sexo», aseguró. «Esta era mi posición y sigue siendo la misma. No la voy a cambiar porque el Constitucional dicte una sentencia que voy a acatar, pero no me hace cambiar ni mi conciencia ni mis creencias ni mis convicciones», añadió.

Eso sí, su rebeldía no llegó a la insubordinación. Preguntado si va a pedir a Mariano Rajoy que cambie la ley, se limitó a decir que el presidente del Gobierno «ya sabe lo que pienso» y que «tiene criterio para saber qué tiene que hacer».

Pasar página

Su actitud es lo más alejado de los deseos y consignas de la cúpula popular, que quiere evitar que la oposición saque petróleo del varapalo judicial y, sobre todo, retirar los focos de Rajoy que, aunque no fue uno de los diputados del PP que hace siete años recurrieron la ley ante el Constitucional, sí era el presidente del grupo parlamentario y del partido, y por lo tanto quien dio la autorización última para dar el paso.

El presidente rechazó horas antes del fallo desvelar qué iba a hacer su Gobierno si la corte rechazaba el recurso del PP. Fue su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, un conocido defensor de la reforma legal, el encargado de dar a conocer de inmediato la postura oficial del Ejecutivo: acatar la sentencia y no modificar la polémica norma. Rajoy no ha dicho una palabra.

El mensaje oficial lo completaron otros dos dirigentes populares, también defensores del matrimonio homosexual, el portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, y el secretario de Libertades, Iñaki Oyarzábal: el fallo zanja definitivamente tanto la controversia legal como la interna. El PP no pone objeciones y ve con buenos ojos el matrimonio homosexual. Es la nueva postura.

El único de los discrepantes que rompió el silencio fue Fernández Díaz, pero no es el único promotor del recurso que continúa en altos cargos internos o institucionales del PP. Entre los 72 firmantes en 2005 del escrito de impugnación, menos de la mitad del grupo parlamentario popular de entonces, está otro compañero de Consejo de Ministros, el titular de Agricultura, Miguel Ángel Arias Cañete; el presidente del Congreso, Jesús Posada; el embajador en Londres, Federico Trillo; o los responsables de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la Comisión del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez.

Quienes avanzaron ayer que sí van a hacer mucho ruido son las organizaciones con las que el PP se alió en la calle para oponerse a la regulación. La principal, el Foro de la Familia, que reunió a centenares de miles de manifestantes en Madrid, exigió al Gobierno, «como mínimo», una explicación «seria y solvente» por un cambio de postura «que no se entiende». Su presidente, Benigno Blanco, cree que «no es de recibo que la sentencia acabe el debate» y reclamó a Rajoy que cumpla sus anteriores compromisos y derogue la ley. En caso contrario, adelantó que volverán a la movilización y recogerán medio millón de firmas para llevar al Congreso una iniciativa popular que exija la supresión. En parecidos términos se expresó la Concapa, la asociación de padres de alumnos católicos.

La entidad que guarda silencio es el cuarto impulsor de las protestas, la Conferencia Episcopal. No así los obispos de San Sebastián y Alcalá de Henares. El primero cree que el Constitucional fue «infiel» a la Carta Magna y el segundo ve el fallo como una «agresión» al matrimonio. El portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, se limitó a decir que «los hijos tienen derecho a tener padre y madre, independientemente de los tribunales».