Las jubilaciones anticipadas no representan un mayor coste para la Seguridad Social

El Gobierno debatirá hoy en la Comisión del Pacto de Toledo un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y de la jubilación parcial. El informe que con este motivo ha elaborado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sugiere retrasar la edad de jubilación anticipada, aumentar el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la misma e incrementar los coeficientes reductores que disminuyen la pensión en función de los años de adelanto. Además, se muestra remiso a permitir la jubilación anticipada a los empleados públicos «teniendo en cuenta el coste que supone para la Seguridad Social el anticipar pagos, máxime en unos momentos de dificultades económicas».

Tampoco la jubilación parcial va a poder ser una salida. El informe del Ministerio de Empleo considera que representa una «carga financiera muy importante» para la Seguridad Social y que «se ha utilizado exclusivamente como una forma privilegiada de jubilación anticipada en la que todos los costes son asumidos por el sistema de Seguridad Social».

El principal argumento del Gobierno para retrasar la edad de jubilación anticipada es que resulta muy costosa para el sistema. Sin embargo, la aplicación de coeficientes reductores -con la última reforma de las pensiones se reduce entre un 6,5% y un 7,5% por cada año completo de adelanto de la jubilación- hace que a la Seguridad Social no le cueste más la jubilación anticipada, de hecho en muchos casos incluso se ahorra dinero. Por ejemplo, suponiendo una pensión media de 1.000 euros mensuales, en el caso de un hombre que se jubilara a los 61 años (cuatro años antes de la edad legal de 65) su pensión se vería reducida a 700 euros al mes, por lo que la Seguridad Social se ahorraría 23.800 euros a lo largo de toda la jubilación (ver cuadro de ejemplos).

Hoy, en el Pacto de Toledo, el Gobierno se va a encontrar con la oposición de PSOE e Izquierda Plural a modificar una ley que ni siquiera ha entrado en vigor. Es a partir del próximo 1 de enero cuando se empieza a aplicar en su totalidad la reforma de las pensiones aprobada en 2011 y acordada con los agentes sociales. Esa reforma, por ejemplo, ya retrasa de 61 a 63 años la edad para jubilarse voluntariamente, aunque se pactó con los sindicatos permitir la anticipación a los 61 años para los despedidos por causas económicas. También se aumentó de 30 a 33 años los años de cotización exigidos para poder jubilarse antes.

Por todo ello, la portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, recalca que no hay necesidad de cambiar la ley de pensiones y que «lo único que hay que atacar son las prejubilaciones, para que las empresas con beneficios paguen todo el coste en prestaciones y subsidios por desempleo». El portavoz de Izquierda Plural en el Pacto de Toledo, Joan Coscubiela, asegura que «no tiene ningún sentido modificar una ley que aún no ha entrado en vigor». «La reforma que pretende el Gobierno es una imposición de la 'troika'», dice.

Otra de las justificaciones del Gobierno es que el número de jubilaciones anticipadas crece de año en año. Sin embargo, se ha reducido desde el 46,47% del total en 2006 al 40,53% en 2011.