El juez inhabilita a un exdelegado de la Junta por extorsión a empresarios

El juez Ángel Márquez de la Audiencia de Sevilla ha condenado al exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas a 21 meses de inhabilitación para cargo público y al pago de 600.000 euros de multa por delito de cohecho contra los empresarios del grupo La Raza. La sentencia también considera culpables de la extorsión por los mismos hechos a los exdirectivos de la sociedad mixta Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, a los que condena a lo mismo. En caso de no poder aportar el dinero, la condena sustitutiva son doce meses de cárcel.

La sentencia refleja la deliberación del jurado popular que consideró probado que los tres condenados pidieron una comisión de 300.000 euros a los representantes del grupo La Raza Pedro Cuerda y José Ignacio Rojas a como compensación para gestionar una escuela de hostelería, para la que la Junta ya había concedido una subvención de 900.000 euros.

Se trata de la primera sentencia que condena a un alto cargo de la Junta relacionado con la corrupción en la Consejería de Empleo durante la pasada década. Este caso fue el origen del escándalo de los ERE fraudulentos que investiga el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.

El jurado se había pronunciado por unanimidad al considerar culpables de extorsión a los exdirectivos de Mercasevilla, mientras en el caso de Rivas votaron ocho de los nueve miembros del jurado a favor de la culpabilidad del exdelegado de Empleo. El jurado considera no culpable a la funcionaria Regla Pereira, que queda absuelta. Sin embargo, el fallo del juez Márquez deduce testimonio contra Consuelo Vázquez, secretaria de Mellet, por falso testimonio en el juicio.

La sentencia considera probado que Rivas se puso en contacto con el entonces gerente y director general de la sociedad mixta, Fernando Mellet, y «de común acuerdo con el fin de obtener un enriquecimiento ilícito» , decidieron exigir una comisión a los responsables del grupo La Raza de 300.000 euros a cambio de concederles la gestión técnica de la escuela de hostelería.

El fallo reconoce que se considera a Rivas cómplice del intento de extorsión por indicios tras el testimonio del policía que interrogó a Mellet y Ponce, quien dijeron que la idea había partido del exdelegado. También expresa la sentencia que Rivas mostró «un interés desmedido» en la concesión de la subvención, ya que según testificó el propio consejero de Empleo Antonio Fernández García, Rivas carecía de competencia «y aún así estuvo en contacto con el Sr. Mellet en varias reuniones» para hablar sobre el asunto. También alude al hecho de que en la grabación que los representantes de La Raza realizaron en enero de 2009 los directivos de Mercasevilla aluden al exdelegado, que había participado en las conversaciones sobre la subvención.

El juez rebaja de 900.000 euros que pedía el fiscal a 600.000 euros la multa a los condenados. Entiende que la alta cuantía puede ser abonada porque los tres poseen propiedades para hacer frente a la misma y Rivas tiene varios ingresos.