Madrid imita a Cataluña e implanta el euro por receta a partir del 1 de enero de 2013

La Comunidad de Madrid se ha encargado de abrir un frente social donde menos se lo esperaba la dirección nacional del Partido Popular. Ignacio González, en la presentación de sus primeros Presupuestos como presidente, sorprendió al anunciar que los madrileños tendrán que pagar un euro por cada receta que emita la Consejería de Sanidad a partir del 1 de enero próximo. Una medida que pretende reducir el gasto farmacéutico e impulsar «el uso eficiente de los medicamentos». Unos argumentos esgrimidos por el presidente madrileño que se asemejan a las explicaciones que ofreció la Generalitat de Cataluña para tomar la misma decisión hace varios meses y que entró en vigor el 23 de junio.

Entonces, la idea propuesta por la Generalitat no gustó nada en las filas populares ni en el Ejecutivo central, que incluso llegó a plantearse la opción de acudir al Tribunal Constitucional. El Ministerio de Hacienda estudió la legalidad de la medida por si invadía alguna competencia estatal. En el plano político, el Gobierno se mostró firme en su oposición a aplicar este nuevo gravamen en el resto de las comunidades autónomas. «Yo en este momento no me planteo esa medida. Está sobre la mesa pero no me la planteo como ministerio», señaló antes del verano Ana Mato, que solo abrió la puerta a contemplar esta posibilidad si todas las comunidades estaban de acuerdo en aplicarla. Una unanimidad casi imposible cuando las regiones gobernadas por los socialistas y Navarra se han negado en redondo a aplicar la tasa.

También mantuvo su oposición al impuesto la antecesora de Ignacio González en el cargo. Esperanza Aguirre, tanto en las redes sociales como en la Asamblea de Madrid, indicó que no le parecía justa la medida del Ejecutivo de Artur Mas. «En Madrid no habrá copago. Pagar un euro por algo que vale cien no tiene sentido», apuntó la expresidenta en marzo del año pasado. «Mientras yo sea presidenta de la comunidad la sanidad será universal y pública», incidió en el Parlamento regional. Sin embargo, su sucesor y vicepresidente durante tres legislaturas ha tomado la decisión contraria. González explicó que algunos colectivos quedarán exentos de pagar este impuesto, como las personas afectadas por síndromes tóxicos, los discapacitados, los receptores de la renta mínima de inserción, parados que no tengan ningún ingreso o ayuda, y aquellas personas que reciban una pensión no contributiva.

Al igual que hizo en su momento el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), González justificó esta medida por su carácter «disuasorio», ya que el impacto económico de la disposición es «escaso». La Comunidad de Madrid prevé ahorrarse unos 83 millones al año.

Expansión

El presidente madrileño explicó que en España se consume un 15% más de medicamentos que en el resto de los países de la Unión Europea y que es necesario reducir este gasto que repercute en las arcas públicas. Por otra parte, aseguró que en las autonomías donde se aplica esta tasa -solo Cataluña, aunque no la nombró- la reducción del gasto en las boticas es «siete puntos superior al conjunto del territorio nacional». Precisamente, CatSalut reconoció ayer que se habían recaudado 33 millones gracias a este impuesto. Solo el 17% de las recetas expedidas tenían este gravamen, bien porque los medicamentos cuestan menos del 1,67 euros establecido como mínimo o porque 127.000 usuarios están exentos.

Este nuevo impuesto fue calificado como una «auténtica barbaridad» por parte de Trinidad Jiménez. La secretaria de Política Social del PSOE consideró la decisión como «injusta» para los madrileños y alertó de la posibilidad de que el PP la quiera expandir al resto de las comunidades autónomas. El portavoz de sanidad de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, calificó de «escarnio» y «escándalo» la decisión y animó a la Defensora del Pueblo a actuar contra este «tripago» porque considera que contradice la Constitución.