Interior amaga con promover la «ilegalización sobrevenida» de Bildu

El Ministerio del Interior amaga con impulsar el proceso para conseguir la «ilegalización sobrevenida» de EH Bildu, la coalición abertzale que en las pasadas elecciones autonómicas consiguió 21 escaños en el Parlamento vasco. Jorge Fernández Díaz aseguró ayer tajante que la formación independentista «ha atravesado una línea roja» con las declaraciones de su candidata a lehendakari, Laura Mintegi, en las que criticó la captura de la jefa de ETA Izaskun Lesaka y su 'lugarteniente', Joseba Iturbe.

Para el titular de Interior, las palabras de Mintegi, que dijo que el Gobierno «no tiene ni idea» de lo que es un proceso de paz y que «debería empezar por no detener a quienes leyeron el comunicado» en el que se anunció el fin de la actividad armada de ETA, serían un incumplimiento de las condiciones que estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia en la que junio legalizó a Sortu. En particular, Interior entiende que la cabeza de lista abertzale podría haber violado la primera de las exigencias que recogía la resolución: la prohibición de expresiones que tiendan a «comparar la violencia terrorista con la coacción legítima por parte del Estado».

El ministro recordó que Bildu, además de «perder una vez más la oportunidad» de condenar a ETA y de exigir a la banda su disolución «incondicional», cruzó la «línea roja» del «decálogo de conductas» susceptibles de desencadenar «un incidente de ilegalización sobrevenida». Jorge Fernández, que habló de «doble error» de los abertzales, amagó con impulsar ese proceso, pero dejó la decisión en manos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que son quienes «deben tomar nota» de las declaraciones de Mintegi. No quiso desvelar si el Gobierno, a través de sus servicios jurídicos, se plantea realmente esa iniciativa.

El máximo responsable de Interior explicó que la sentencia del Constitucional establece que esas supuestas violaciones de las «líneas rojas» tienen que producirse de una forma «grave y reiterada» para poder instar la ilegalización, pero recordó que el «contador está en marcha» y que declaraciones como las de Mintegi no hacen más que ese «contador se acelere».

Mucho más cauto se mostró el fiscal general del Estado, quien se limitó a señalar que su departamento estudiará el contenido de las palabras de la candidata de Bildu a la presidencia vasca. Eduardo Torres-Dulce, que en la apertura del año judicial anunció que se erigirá en «guardián inflexible» para que los partidos independentistas vascos no se conviertan en un «caballo de Troya» para la democracia, apuntó ayer que su departamento, con la ayuda de las fuerzas de seguridad, examina «día a día» cualquier «actividad que pudiera infringir la ley para extraer consecuencias».

Sin pruebas

Pero más allá de las declaraciones, lo cierto es que ni los servicios jurídicos ni el Ministerio Público ven indicios para reclamar una ilegalización. Responsables de ambos departamentos aseguraron que la situación es prácticamente igual a la del pasado junio, cuando también el ministro del Interior anunció que consideraba que la decisión del Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Bildu, de financiar un documental sobre cinco presos de ETA era «un claro indicio» para poder reclamar la ilegalización al abrigo de los fundamentos jurídicos de la sentencia de Sortu, a los que Fernández Díaz también apeló.

Ahora, como entonces, responsables de la Fiscalía aseguran que no están dispuestos a dar pasos en falso ni a obrar de «forma precipitada» o «impulsiva». Diversos responsables del departamento que dirige Torres-Dulce creen que la sentencia del Constitucional sobre Sortu que ayer volvió a esgrimir el ministro puede ayudar a promover ilegalizaciones con más garantías al fijar un «marco estable». Pero también tienen claro que la corte ha puesto, con éste y con anteriores fallos, el «listón muy alto» y que «tumbaría» un alegato con los datos que hasta ahora tienen las fuerzas de seguridad. Unas pruebas que son «muy pocas o ninguna» para sostener una reclamación tan seria como la de pedir al Constitucional anular derechos fundamentales de un partido político que ya es legal con el propia «bendición» de la corte y que, desde la semana pasada, tiene 21 escaños en la cámara de Vitoria.