Los abogados avisan de que la 'tasa Gallardón' deja fuera de la Justicia a muchas personas El ministerio planea limitar la asistencia jurídica gratuita

Conforme se acerca la fecha crece el malestar entre uno de los mayores colectivos profesionales de este país: los abogados. La subida generalizada de las tasas judiciales que ha proyectado el Ministerio de Justicia, y que mañana aprobará el Congreso por vía de urgencia, tiene en pie de guerra al gremio compuesto por más de 125.000 personas.

El enfado de los letrados es doble. En primer lugar porque aseguran que la subida media de los recursos judiciales y otros trámites -entre 50 y 750 euros- limita el acceso de muchos ciudadanos con ingresos medios o bajos a la administración de Justicia. Del otro lado, porque este «peaje» planeado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón para paliar la saturación de los juzgados y sufragar la justicia gratuita supondrá una «auténtica sangría» para los despachos modestos, que perderán clientes e ingresos. «Nos van a mandar a todos al paro», resumió hace unos días el presidente provincial de un Colegio de Abogados.

La razón es que el 89% de los bufetes cuentan con menos de tres socios; son de pequeño tamaño y están especializados. Por lo tanto, si la subida de tasas toca los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos, todos salvo penal, el número de letrados afectados potencialmente es mucho mayor.

Con los datos en la mano, las subidas más espectaculares son las de las apelaciones en civil y contencioso-administrativo, que aumentan 500 euros, y las casaciones en esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros. En el caso de la jurisdicción social, los casos de súplica y casación, que hasta ahora eran gratuitos, tendrán a partir de ahora unas tasas de 500 y 750 euros, respectivamente.

La multa y el fontanero

El Consejo General de la Abogacía Española también ha puesto el grito en el cielo por la «exagerada cuantía del tributo» y hace un mes envió una propuesta de enmiendas a los diputados para modificar el proyecto de ley de Gallardón.

Haciendóse eco de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que apoyaba que solo las empresas con elevada facturación pagaran tasas para financiar la actividad jurisdiccional, el Consejo pone algunos ejemplos para dudar de la «constitucionalidad» del plan.

«Recurrir por la vía judicial una multa de tráfico de 100 euros tras agotar las alegaciones administrativas exige pagar 200 euros, 80 euros más que lo estipulado en la actualidad presentar un ulterior recurso de apelación aumenta a 300 a 800 euros; y el caso de un fontanero al que le deben una factura de 90 euros y decide recurrir al proceso monitorio deberá pagar 100 euros para iniciar el proceso».

Además de «una barrera de acceso al servicio público de la Justicia», los Colegios de Abogados creen que la tasa tiene un afán recaudatorio, ya que el Gobierno pretende ingresar unos 306 millones de euros para financiar la justicia gratuita cuando, en realidad, esta representa solo un 2% de los presupuestos del ministerio, unos 34 millones.

Las asociaciones de jueces y el Consejo General del Poder Judicial también han mostrado su rechazo y los grupos parlamentarios han presentado un centenar de enmiendas parciales al proyecto de ley.

Tras el debate de mañana, la Comisión de Justicia aprobará el texto final, luego pasará por el Senado y el próximo mes de noviembre o diciembre podrían entrar en vigor, según cálculos parlamentarios. Una de las novedades es que los funcionarios están exentos de la tasa cuando acudan a los tribunales para defender sus derechos estatutarios.

La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que está preparando el Gobierno prevé que las personas que cumplan los requisitos para utilizar este servicio (ingresar menos de 14.910 euros anuales) lo puedan hacer un máximo de tres veces al año, salvo que se acredite que no hay abusos. Este principio no regirá para la vía penal, que no tendrá un tope de utilización. Toda esta reforma está supeditada a alcanzar un acuerdo con las Comunidades Autónomas.

El Ejecutivo ha detectado que se producen excesos en la utilización de este servicio, que supone un coste de 269 millones anuales. Entre otros casos, se ha puesto la lupa en los recursos de las multas de tráfico.