La gestión de los ERE por Empleo está plagada de irregularidades

La gestión de las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis por la Consejería de Empleo durante los años 2001 a 2010 está plagada de irregularidades y de ellas pueden derivarse «responsabilidades contables y administrativas». Esta es la principal conclusión a la que llega el informe de la Cámara de Cuentas sobre la fiscalización de esas ayudas, cuyo presunto fraude está siendo investigado por el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y ya hay 60 imputados.

El informe, que será remitido a la Fiscalía anticorrupción, es la última pieza y además clave para que la comisión de investigación creada en el Parlamento elabore su dictamen sobre posibles responsabilidades políticas. La comisión aprobará las conclusiones el día 22 de noviembre, según anunció ayer su presidente, Ignacio García.

Según se deduce de las conclusiones del informe de la Cámara de Cuentas, las responsabilidades políticas podrían alcanzar a los exconsejeros de Empleo durante ese periodo: el ahora diputado José Antonio Viera y Antonio Fernández. El segundo está imputado y en libertad con fianza de 450.000 euros.

El informe denuncia que hasta el 3 de marzo de 2010 no consta el acto administrativo previo y necesario según la ley de la delegación de competencias del consejero de Empleo a favor del director general de Trabajo para la concesión de las ayudas y subvenciones de la partida presupuestaria 31L. Hasta 2011 las ayudas concedidas ascendieron a 721, 715 millones de euros, incluidos los intereses y la desviación de deuda. Los tres directores generales de Empleo hasta esa fecha están imputados, siendo Javier Guerrero, el que más tiempo estuvo, el principal acusado.

Subvenciones

La Cámara hace notar que las ayudas se concedían como subvenciones excepcionales sin que realmente lo fueran y sin bases reguladoras ni convocatoria pública, cuando en otras consejerías sí se seguía lo que establece la ley para ayudas similares en la misma época.

La Junta siempre ha defendido la legalidad del procedimiento de transferencia de financiación, que la jueza instructora considera ilegal, por el que se ejecutaban los pagos con cargo a la partida 31L del Presupuesto a través del IFA/IDEA, entes instrumentales o empresas públicas. Según la Cámara, con independencia de la cobertura dada por las respectivas leyes de Presupuestos a ese procedimiento al ser aprobado por el Parlamento, «se ha realizado un uso inadecuado de esta figura como procedimiento de ejecución presupuestaria para tramitar las ayudas». Considera que las ayudas sociolaborales se han concedido «al margen de lo previsto en la legislación vigente para este tipo de ayudas».

La Cámara recrimina la arbitrariedad de la Consejería de Empleo al conceder las subvenciones. «No ha quedado acreditado el uso adecuado del margen de discrecionalidad de la Administración al financiar prejubilaciones con distintos márgenes de edad, coberturas y condiciones». El órgano fiscalizador de la Junta detecta un fraude de 12,3 millones de euros por la inclusión de 126 personas que no tenían derecho a prejubilaciones en los ERE, los llamados intrusos, pero advierte de contradicciones en 323 beneficiarios. También denuncia haberse pagado comisiones en las operaciones para financiar las pólizas «superiores a la media del mercado».

En las ayudas a las empresas se ha revelado un «abuso del margen de discrecionalidad» como prueba que se concentren en zonas geográficas (50 millones en la sierre norte de Sevilla) y en determinadas sociedades sin que se acredite el fin o el interés público perseguido. De todas estas situaciones «pueden derivarse, entre otras, responsabilidades contables y administrativas», sugiere el informe.

Las conclusiones distan del primer y segundo borrador del trabajo elaborado por los auditores del organismo que se filtraron en mayo y julio. En ese momento el trabajo carecía de las alegaciones que tienen derecho a presentar las instituciones y personas aludidas. En el de mayo, se apuntaban posibles responsabilidades de Chaves y Griñán, como presidente y consejero de Hacienda en el periodo investigado, por las modificaciones presupuestarias para ampliar la dotación de la 31L . También se cuestionaba la labor del interventor general que hizo informes de advertencia de irregularidades, pero no de actuación. En el texto definitivo desaparecen ambos reproches y se reconoce que el interventor no vio menoscabo de fondos públicos.