Garoña sucumbe ante las costosas inversiones

Nuclenor, la empresa que explota la central nuclear de Garoña (Burgos), tiene como fecha tope el próximo miércoles 7 de noviembre para comunicar al Consejo de Seguridad Nuclear su decisión sobre el futuro de la instalación industrial.

Pese a que todo hace indicar que Nuclenor ha tirado la toalla y el Gobierno ha asumido el cierre de la central, la compañía eléctrica debe anunciar sin más dilación si prorroga o no las operaciones hasta 2019, tal y como pretendía el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Nuclenor asume que el coste de las mejoras que debería introducir en la central, tanto internas como externas, el mantenimiento de las instalaciones, el previsible impuesto por residuos que prepara el Ministerio de Industria o la 'ecotasa' de la Junta de Castilla y León generan un gasto que no pueden asumir.

Solo en requerimientos de seguridad por parte del Consejo de Seguridad Nuclear son 120 millones. A esto hay que añadir otros 40 millones en previsibles impuestos. Por lo que una cifra estimada de seguir operando hasta 2019 estaría en torno a los 400 millones. En el lado contrario está quien piensa que los costes está amortizados.

Garoña es la central más antigua en activo (1971) y, con mucho, la que menos electricidad produce en España, apenas el 6% del total.