Rajoy, Feijóo y Camacho se desmarcan de la reforma constitucional de Aznar

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, cree que a Mariano Rajoy solo le queda una opción respecto al problema catalán: «Hacer de Cameron». Es decir, facilitar que Cataluña pueda decidir el camino que quiere emprender. Favorecer, por tanto, un referéndum de autodeterminación, que el Govern quiere acordar con el Gobierno central o, si no, convocarlo según la ley catalana de consultas que aprobará el Parlament en cuanto se constituya. «Si Rajoy no se presta a negociar, tendremos un problema», afirmó ayer Mas en una entrevista en la televisión 8TV. Un problema, porque llegado el caso de que no se pudiera celebrar la consulta bajo las leyes española o catalana, el presidente de la Generalitat anunció que pedirá «amparo internacional», lo que podría dejar al descubierto, dijo, prácticas poco democráticas del Gobierno de España.

Mas pretende consultar a la ciudadanía si estaría de acuerdo con que Cataluña se convierta en un estado propio dentro de la UE. Aunque por primera vez se mostró dispuesto a negociar con el Ejecutivo central la pregunta de la consulta, como han hecho Cameron y Salmond, lo que abre la puerta a rebajar sus aspiraciones identitarias. Su objetivo es que pacte lo que pacte con Rajoy, lo sometería a consulta al pueblo catalán. «Que nadie se preocupe por la decisión final, porque no la tomaré yo, ni el Govern ni el Parlament. La tomará el pueblo de Cataluña, aseguró». En cualquier caso, y a pesar de que Rajoy se mostró dispuesto al diálogo en su comparecencia en el Senado del martes, Mas afirmó que si tuviera que apostar, lo haría a que el Gobierno central no dejará al Govern convocar una consulta. En ese caso, el Ejecutivo catalán internacionalizará el conflicto. «Una parte importante de este juego se hará en la UE y a nivel internacional», dijo.

El Govern catalán lleva días insistiendo en que su proyecto soberanista solo es posible si tiene una base social muy sólida, si se plantea bajo una absoluta radicalidad democrática y cívica, si se desarrolla dentro de los marcos legales (españoles, catalanes o internacionales) y si se hace en el ámbito de la UE.

En principio, el cumplimiento de los tres primeros es más o menos factible; otra cosa es la permanencia en la UE. Una Cataluña independiente «tiene que ser dentro de la UE o no puede ser», admitió ayer el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.

La pertenencia a la UE y también al euro es un elemento capital para el Ejecutivo catalán, que si no tuviera la garantía de que el futuro Estado catalán siguiese formando parte de la Unión, podría verse obligado a «replantearse» el proceso, según reconoció Homs. Pero también es fundamental para la ciudadanía, que varía considerablemente su adhesión a la causa soberanista en función de la continuidad o no a la UE. De celebrarse hoy una consulta y Cataluña siguiera en la UE, el sí a la independencia alcanzaría el 62%, frente al 44,7% en caso de que Cataluña fuera expulsada.

Las palabras de José María Aznar no suscitan los fervores de antaño en el PP. Su duro discurso contra el nacionalismo, en el que reclamó una reforma constitucional para terminar con los chantajes y las veleidades independentistas, apenas encontró eco favorable en su partido. Es más, el presidente del Gobierno a la cabeza y dos dirigentes autonómicos de su absoluta confianza, el presidente de la Xunta de Galicia y la líder del PP catalán, salieron al paso de las palabras del expresidente para descartar los cambios constitucionales en este momento.

Mariano Rajoy, testigo directo y mudo del discurso de Aznar, señaló que la vía para salvar la diferencias con los nacionalistas, y en concreto con el desafío de Artur Mas al que no citó, es la del «entendimiento, el diálogo y la voluntad de acuerdo». Lejos de sumarse a la reforma constitucional dibujada por Aznar, el presidente del Gobierno sostuvo que «en un tiempo de tantas dificultades» se requiere «responsabilidad y moderación», cualidades que, a su juicio, adornan a la candidata del PP para las elecciones catalanas, Alicia Sánchez Camacho, a la que presentó en un desayuno informativo.

La presidenta de los populares de Cataluña rehuyó las elipsis de su jefe de filas y apuntó que entrar en un proceso de «recentralización» del Estado autonómico, que es en sístesis lo que puso Aznar sobre la mesa, no es lo más conveniente. Lo que hay que hacer, concretó, es evitar «los desajustes y duplicidades existentes» entre las distintas administraciones. Tampoco es el momento, prosiguió Sánchez-Camacho, de abordar una reforma «competencial» de las comunidades autónomas, si cabe hay que «modernizar» un modelo de Estado que ha sido «uno de los mayores éxitos colectivos» de los españoles aunque ahora muestre desajustes.

El presidente de la Xunta de Galicia también descartó la modificación de la Carta Magna porque encararla ahora «supondrá un problema adicional a los que ya tenemos». Alberto Núñez Feijóo apuntó en ABC Punto Radio que los cambios constitucionales habrán «de hacerse», pero no en estos momentos que «tenemos ya bastantes problemas» con la crisis.

El sector más conservador

Aznar reclamó el miércoles por la noche, durante la entrega del premio FAES de la Libertad al escritor Mario Vargas Llosa, una reforma de la Constitución porque «quizás haya llegado el momento de abordar una reforma que nos permita tener un Estado más ordenado». Esta reforma, precisó, debería servir para «reafirmar la libertad» frente a «los chantajes, las imposiciones y las maniobras de exclusión» de aquellos que amenazan «con internacionalizar un supuesto conflicto». Y esto lo hacen, subrayó, «quienes exigen ser reconocidos como moderados», en obvia alusión a CiU.

El expresidente no hizo más que expresar en público lo que un sector del PP, el más conservador y nacionalista, comenta en privado. El exponente más destacado de este grupo, además de Aznar, es la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, pero también los exministros del Interior Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, los eurodiputados Carlos Iturgaiz y Aleix Vidal-Quadras, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Este sector, que cuenta con un fuerte respaldo mediático en Madrid, demanda una firmeza mayor frente al reto planteado por Artur Mas, discrepa también de la estrategia antiterrorista y aboga por una reforma constitucional que rebaje el autogobierno autonómico y recupere competencias para el Gobierno central. Sus quejas, de todos modos, no han suscitado aún enfrentamientos profundos en el PP.

Los comentarios de Aznar solo encontraron un valedor público, el presidente de la Comunidad de Madrid. González consideró que se tiene que «afrontar» la reforma del modelo territorial, un cambio que, a su juicio, Rajoy también tiene en mente. El PP no esconde que la modificación del Estado de las Autonomías es una de las tareas pendientes, pero la prioridad actual es la lucha contra la crisis. Además, el clima de desacuerdo con el PSOE, partido imprescindible para acometer la reforma, desaconseja, en opinión de los populares, abrir esa negociación.