España y Grecia, déficit equiparables

El Gobierno estaba sobre aviso, pero la comparación ha resultado más negativa de lo previsto. La corrección al alza que la oficina estadística europea acaba de realizar sobre el déficit público que alcanzó España en 2011 cifra esta magnitud en una proporción equivalente al 9,4% del Producto Interior Bruto, frente al 8,5% que se había estimado hasta ahora.

El nuevo porcentaje es idéntico al que el mismo año presentaba Grecia, y supone un desequilibrio presupuestario que en ese ejercicio solo era superado por Irlanda (números rojos equivalentes al 13,5% del Producto Interior Bruto) entre los 27 socios de la Unión Europea. Como media, la zona euro presentó en el ejercicio 2011 un déficit equivalente al 4,1% del PIB, con un significativo descenso respecto al 6,2% del año precedente. En el conjunto de los 27, la tasa se situó en el 4,4% de esa magnitud, inferior en más de dos puntos a la que alcanzó en 2010.

El incremento de nueve décimas aplicado al déficit español es el más elevado en un conjunto de países donde hay de todo, incluso una mejora de dos décimas en el desequilibrio presupuestario de Alemania. Ningún otro ajuste es tan significativo. En el caso de España, el fuerte empeoramiento responde a dos causas bien identificadas: al rescate de entidades bancarias nacionalizadas y a la regularización de facturas impagadas -y no registradas- de las distintas administraciones

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado por seguro que los ajustes de Eurostat no van a computar para el procedimiento de déficit excesivo, es decir, que no implicarán una penalización para España por este incumplimiento de los compromisos finalmente adquiridos. El ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, así lo justificó, en la presentación de los Presupuestos del Estado para 2013, con el argumento de que las ayudas a la banca... se van a recuperar.

Las inyecciones de capital proporcionadas a Catalunya Banc, NovaGalicia Bank y Unnim Bank han tenido que reclasificarse como consecuencia de la pérdida de valor de las participaciones que adquirió el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a cambio de inyectar capital, pero son desembolsos que se imputan «de una sola vez» y es de prever que una parte de estos fondos se vean compensados cuando se produzca la reprivatización de las entidades. La revisión de la UE también aumenta -en este caso en tres décimas, a causa de facturas impagadas por las administraciones- el déficit que las Administraciones Públicas españolas presentaron en 2010 hasta situarlo en el 9,7% del PIB.

Aunque Eurostat no lo anticipa, la factura bancaria, además de engordar en 5.100 millones el déficit del pasado año, va a sumar otros 11.500 millones a los números rojos del ejercicio actual, que cerrará con un desequilibrio entre ingresos y gastos equivalente al 7,4% del PIB (en vez del 6,3% en que hasta ahora se mantiene el compromiso adquirido) por esta causa. El Gobierno piensa que se librará igualmente de la penalización.

Menor actividad

La oficina estadística europea ha corregido al alza la deuda pública de España en los años 2010 y 2011 para dejarla en este último año en el 69,3% del Producto Interior Bruto, en lugar del 68,5% previamente estimado. Es un empeoramiento de ocho décimas atribuible, casi en su totalidad, a la caída de la actividad económica, justifica Eurostat.

Puesto que la media de la zona euro estaba en el 87,3% en el pasado año, España todavía puede lucir un diferencial que se achicará este año y el próximo. Hacienda calcula que la deuda pasará del 85% del PIB en 2012 hasta quedar en 2013 por encima del 90% de esta magnitud. Incidirá en ello la refinanciación a tipos de interés más elevados, el mecamismo de pago a proveedores y la ayuda financiera europea para la capitalización de la banca, que no se podrá realizar de forma directa. La canciller Angela Merkel ya ha advertido de que habrá que computarla como deuda nacional.

De los 100.000 millones, Economía estima que las necesidades se quedarán en unos 40.000 millones. Aún no se ha recibido un solo euro, pese a que ya se conocen las condiciones del primer libramiento, a falta de concretar algunas condiciones.