El Gobierno insiste en que la Constitución española impide un referéndum a la escocesa
La Generalitat alega que si España «dejara de mirarse el ombligo y mirara fuera» vería que es posible hablar de independencia
BARCELONA/MADRID.Actualizado:El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Londres y el de Edimburgo para la celebración de un referéndum sobre la independencia de Escocia en 2014 le ha venido que ni pintado a Artur Mas y ha colocado al Ejecutivo de Mariano Rajoy en una situación incómoda, casi defensiva.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, reiteró ayer que el debate secesionista «no hace ningún bien» a la recuperación económica de España y advirtió a quienes desde Cataluña se afanan en trazar paralelismos que el caso de la Gran Bretaña nada tiene que ver con el español, ni en historia ni en ordenamiento jurídico. Margallo, que celebró una reunión en San Sebastián con el delegado y los subdelegados del Gobierno en el País Vasco, recordó que Gran Bretaña nació de la unión de dos reinos, Inglaterra y Escocia, en 1707, e insistió en que un referéndum por la independencia cabe, o al menos no colisiona de manera flagrante, con su ordenamiento jurídico. La Constitución española, en cambio, subrayó, «habla de la unidad de la nación española» y especifica que la soberanía reside en el pueblo español «en su conjunto». «En España sería contrario, no solo al derecho español, sino también al europeo en virtud del Tratado de la Unión Europea», argumentó el ministro.
Su respuesta enlaza con la que ya avanzó el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien subrayó que no solo el marco legal es distinto sino que también la actuación del ministro principal de Escocia, Alex Salmond, ha sido diferente a la del presidente de la Generalitat porque ni ha amenazado con inclumplir la ley ni ha cuestionado que la decisión de convocar una consulta reside en el Reino Unido y en su Parlamento.
Artur Mas siempre habla de que el referéndum se celebrará sí o sí, aunque asegura que su primera intención es que pueda convocarlo con el visto bueno del Ejecutivo central. Por ello, la Generalitat, que reconoce que cada proceso tiene sus propias características, puso el caso escocés como el «ejemplo» a seguir e instó al Gobierno a que tome nota de cómo se afrontan los problemas desde el «diálogo» y el respeto «democrático».
Improperios
El Ejecutivo catalán recordó que el primer ministro británico siempre se ha opuesto a la independencia de Escocia, pero en cambio no ha impedido que los escoceses puedan elegir su futuro nacional en un referéndum. «Este debería ser el estilo que inspirara todas las actuaciones políticas en el mundo occidental», expresó el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, quien ensalzó la democracia inglesa, una de las más antiguas del mundo. Para el 'Govern', la actitud del Gobierno británico es antitética con la que practica el Gobierno español, al que acusó de dedicarse a «insultar» y «lanzar improperios» contra Cataluña.
«El 'Govern' enviará una comunicación al primer ministro de Escocia y al británico para felicitarles por el ejemplo de democracia que han dado al mundo», expresó Homs. «Si el Estado dejara de mirarse el ombligo y mirara fuera, vería cómo es posible acometer estos problemas desde el diálogo», remató. En cualquier caso, y a pesar de que las relaciones entre Madrid y Barcelona no pasan sus mejores días, la Generalitat se mostró dispuesta a mantenerse siempre abierta al diálogo.
El Ejecutivo, por su parte, insiste en que, además de los citados argumentos legales, existen razones de oportunidad que convierten los planteamientos de CiU en dañinos. «Si un matrimonio va a un banco a pedir un préstamo y dice que igual en dos días se divorcian, pues le van a decir que vuelvan mañana y, cuando se hayan aclarado, expliquen la situación», ilustró Margallo. «Sembrar dudas -añadió- sobre cuál es el futuro de una nación es lo peor que se puede hacer en estos momentos».
La reflexión del ministro, que puso de ejemplo la última rebaja de la calificación de la deuda española por parte de Standard & Poors, tiene también un antecedente en el referéndum de independencia de Quebec de 1995, cuyas consecuencias en la prima de riesgo de la deuda canadiense fueron notables.