El capitán del Prestige culpa a las autoridades españolas
Mangouras asegura que siguió sus órdenes durante los seis días que navegó a la deriva mientras vertía miles de toneladas de crudo
Actualizado:El juicio por la mayor catástrofe ecológica en la historia de España arrancó ayer diez años después de producirse el desastre con una acusación directa sobre los entonces responsables políticos que dirigieron la operación de salvamento. Entre ellos, el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete; y el extitular de Fomento Francisco Álvarez-Cascos.
Según expuso el abogado del principal encausado, el capitán Apostolos Mangouras, después de lanzarse la primera señal de socorro el 13 de noviembre de 2002, el Prestige quedó bajo el control directo de las autoridades españolas que ordenaron alejarlo de la costa gallega en un periplo sin rumbo de seis días durante los cuales vertió al mar 66.000 de las 77.000 toneladas de crudo que portaba en sus tanques. El naufragio se saldó con 1.600 kilómetros de costa cantábrica cubiertos de chapapote y miles de millones de euros de pérdidas económicas. Como vicepresidente, ministro de Presidencia y portavoz del Gobierno, Rajoy dirigió durante la crisis las labores de coordinación entre los distintos departamentos del Ejecutivo, mientras Álvarez-Cascos asumió en última instancia el control del buque hasta su hundimiento.
La defensa de Mangouras, que se enfrenta a una petición de 12 años de prisión, solicitó durante la primera jornada del proceso la nulidad de la causa al considerar que en España no se garantizaron «los derechos fundamentales» de su cliente al obtenerse pruebas contra él sin el permiso judicial pertinente, a la vez que expresó sus dudas de que pueda recibir un juicio justo.
La descarga de responsabilidades en la administración española por parte de Mangouras fue respondida por la defensa de otro de los imputados, el exdirector general de la Marina Mercante José Luis López-Sors, único alto cargo del Gobierno que se sienta en el banquillo y que está acusado por imprudencia grave como responsable del rumbo errático que siguió el petrolero durante esos fatídicos seis días. Según argumentó el letrado de López-Sors, las decisiones que se adoptaron durante la crisis fueron las correctas y se tomaron para evitar una catástrofe después de que los expertos desaconsejaran refugiar el navío en un puerto.
No solo dentro de las sala se produjeron peticiones para juzgar a los responsables políticos que condujeron la crisis. A las puertas del palacio de congresos de La Coruña se concentraron tres centenares de miembros del colectivo 'Nunca Mais' para exigir la imputación de Rajoy, Álvarez-Cascos y Arias Cañete.
Indemnización
La Fiscalía aprovechó la primera jornada del juicio para ampliar la petición de indemnización. El Ministerio Público solicita por los daños causados por la marea negra 4.121 millones, frente a los 2.233 reclamados en un principio.
Los expertos consideran que la primera es la cantidad que se ajusta a los perjuicios causados por el chapapote al medio ambiente y la industria pesquera, así como a los problemas de salud generados a los marineros y voluntarios que colaboraron en la lucha contra la marea negra. Tras esta primera jornada de diligencias, el juicio, que está previsto se prolongue durante siete meses, se retomará el 13 de noviembre con el interrogatorio de los imputados.