La Junta modifica el procedimiento para el pago de las prejubilaciones

El Gobierno andaluz ha modificado mediante un decreto ley el procedimiento para el pago de las ayudas sociolaborales, incluidas las prejubilaciones, para que haya un mayor control y evitar así fraudes como el de los ERE. La Junta de Andalucía tiene contraídas todavía obligaciones de pago en torno a 350 millones de euros para prejubilaciones o ayudas sociolaborales a 5.700 extrabajadores de empresas en crisis que se acogieron a un expediente de regulación de empleo (ERE) en la última década. Se trata de las ayudas recogidas en la famosa partida 31L investigada por la jueza Mercedes Alaya por la inclusión de intrusos en los ERE. El Consejo de Gobierno aprobó ayer, mediante este decreto-ley excepcional otros 224,9 millones de euros para pagar ayudas a 1.383 prejubilados de varias empresas, entre ellas del Grupo Santana. El decreto establece que el pago se hará de forma directa sin intermediarios.

La norma obedece a la petición unánime del Parlamento de facilitar el cobro de las prejubilaciones concedidas a extrabajadores de Santana, Astilleros de Sevilla, Delphi, Boliden Apirsa y la aseguradora Apra Leven. Estos trabajadores han estado hasta 22 meses en el paro sin percibir ayuda alguna por problemas de encaje jurídico. La solución es que la Junta pagará de forma directa, sin aseguradoras por medio, para lo que destinará 14,9 millones de eruos anuales durante 4 años.

Hasta ahora el procedimiento para el pago de las pólizas era complejo, interviniendo en el proceso compañías aseguradoras e intermediarios de estas, lo que elevaba el coste. La eliminación de intermediarios supondrá un ahorro de 7,5 millones de euros en el caso de los 1.383 trabajadores.

En la causa abierta por el fraude de los ERE, la jueza Alaya ha imputado a directivos de aseguradoras y a intermediarios. El Gobierno andaluz ha aprovechado el decreto-ley para «introducir mejoras de tramitación, control y verificación de las ayudas», según explicó el consejero de Economía y Empleo, Antonio Ávila, quien rehusó relacionar la medida con el fraude.

El decreto obliga a las compañías que ahora gestionan el pago de pólizas (5.700 trabajadores) a refinanciar estas y a eliminar gastos de intermediación o comisiones. La ayuda previa a la jubilación será incompatible con cualquier otra subvención pública y con otros ingresos por trabajo que unidos a la prejubilación sumen más del 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. Los beneficiarios deberán estar dados de alta como demandantes de trabajo, es decir, como parados.