El Gobierno llegará hasta el final

El Gobierno envió ayer un mensaje de absoluta firmeza al presidente de la Generalitat. Mariano Rajoy está dispuesto a todo para impedir que Artur Mas cumpla su promesa de convocar en la próxima legislatura un referendo secesionista en Cataluña, según dejaron muy claro tanto el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.

Los dirigentes populares prefirieron no entrar a desgranar en este momento qué armas usaría el Ejecutivo para neutralizar el desafío soberanista de los nacionalistas catalanes, pero sí aclararon que llegado el caso, si se pasa de las declaraciones a los hechos, no descartan utilizar ninguno de los instrumentos legales a disposición del Gobierno, incluida si fuese precisa la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite, con la autorización previa del Senado, la suspensión e intervención de la autonomía ante un «grave» desafío al Estado.

Tanto el ministro como la número dos del PP rechazaron ser más explícitos en la hoja de ruta porque consideran que de hecho ese es el terreno político que le interesa a Mas, el de una campaña electoral catalana monopolizada por la secesión y que tape el debate sobre los dos años de recortes de su Gobierno, pero tampoco dejaron de apuntar varios mensajes nítidos.

El primero, que la autorización para la convocatoria de consultas vía referéndum es una atribución constitucional exclusiva del Estado, según reiterada y consolidada doctrina jurídica, y que Rajoy no tiene intención alguna de negociar o permitir un plebiscito soberanista en Cataluña.

El segundo, que cualquier intento de saltarse la ley será abortado de inmediato con el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional, para que la corte paralice primero la convocatoria y ratifique después la prohibición de la consulta ilegal, como ya ocurrió en 2005 con un amago similar del entonces lehendakari Juan José Ibarretxe.

Dolores de Cospedal eludió por dos veces entrar a valorar el futurible de que Rajoy se vea en la obligación de activar, por primera desde la aprobación hace 33 años de la Constitución, de la previsión del artículo 155 de la Carta Magna si, pese a todo, Mas hace caso omiso a la resolución del Constitucional y sigue adelante con su consulta soberanista.

Desobediencia

La portavoz de la dirección del PP se limitó a decir que, si ese caso se produjese, «no tengo la menor duda de que el Gobierno adoptará todas y cada una de las decisiones a su alcance para evitar que se produzca una decisión ilegal». «Utilizará todos los medios legales a su alcance para impedir que se vulnere la Constitución», reiteró minutos después. «Y todos son todos», aclaró ante la insistencia de que fuese más explícita sobre la posibilidad de invocar la previsión constitucional para suspender una autonomía.

Cospedal dijo ignorar si el Gobierno, dentro de su proyecto de reforma del Código Penal, prevé recuperar el delito de convocatoria ilegal de referendos que José María Aznar introdujo en 2003 como aviso para Ibarretxe y que los socialistas suprimieron en 2005, una vez neutralizado el plan soberanista del exlehendakari, con el apoyo de toda la oposición parlamentaria salvo el PP y UPyD. De hecho, el partido de Rosa Díez acaba de registrar en el Congreso una proposición para que se recupere el citado delito y para que a la pena de entre tres y cinco años de cárcel que ya tuvo se le añadan otros tantos adicionales de inhabilitación.

Quien aclaró la incógnita minutos del después fue el propio titular de Justicia, que descartó que esta opción esté por el momento en los planes del Gobierno.

Alberto Ruiz-Gallardón dijo en La Sexta que no se trata de un signo de debilidad ante el desafío de Mas sino de que España ya cuenta con todos los mecanismos precisos, incluso penales, para defenderse de los retos independentistas a la Constitución.

El ministro de Justicia fue el primero en advertir al presidente de la Generalitat de que si decide convocar un referendo ilegal pese a la prohibición del Constitucional tendrá que hacer frente de forma personal a un hecho delictivo. Se refería al delito de desobediencia a ejecutar decisiones de los tribunales, que acarrea una multa de inhabilitación para ocupar cargos públicos de entre seis meses y dos años. De hecho, se trata del mismo artículo 410 del Código Penal que en 2008 el Tribunal Supremo aplicó al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa -año y medio de inhabilitación- por negarse a disolver el grupo parlamentario de Batasuna tras la ilegalización del partido.