Hablemos claro

La agonía financiera que están padeciendo los gestores de las escuelas infantiles de la provincia no casa nada con el mensaje positivo que desde la Delegación provincial de Educación se lanzó en el inicio del curso escolar. Hace solo unas pocas semanas que desde la Administración se felicitaban por el esfuerzo realizado para mantener la oferta de plazas, tanto públicas como conveniadas, pese a la difícil situación económica. Curioso, cuanto menos, que el mismo Gobierno que lleva décadas al frente de la Junta, que se vanagloria de tener menos deuda (reconocida) que otras comunidades, sea el mismo que por la puerta de atrás no cumpla con sus compromisos de pago en materias tan sensibles como la educación.

Estas escuelas de naturaleza privada, de las que tira la Administración para sumar plazas que con sus propios recursos económicos no podría financiar, están atravesando por una situación económica muy complicada, que las acerca al cierre en muchos casos. Y aquí los responsables no son las entidades financieras, ni la UE, ni el Gobierno maligno de Madrid. Aquí, el que no cumple con los contratos suscritos con estas empresas es la Junta. Unos impagos que están generando una cadena de afectados cada vez más larga. Como reconocen algunos directores de estos centros infantiles, ya han dejado de pagar a los proveedores y cruzan los dedos para no comenzar a hacer lo mismo con sus trabajadores.

Si no había dinero para conveniar esas 9.000 plazas para la provincia de Cádiz, a buen seguro que estas empresas hubieran preferido no contar con ese dinero ni con la inversión propia que deben acometer para dar el servicio acordado, antes que condenarlos al impago y a una posible quiebra financiera. Pero para eso hay que ser sinceros con el electorado y reconocer que aquí en Andalucía se mete la tijera antes en educación que en otros asuntos menos sociales.