Cuando aparcar es una aventura

Cada día cientos de miles de conductores 'patrullan' las calles de la ciudad en busca de un aparcamiento. Al final les da igual dónde esté o cómo se encuentre la plaza, porque el logro es aparcar el coche. Sin embargo, existe otro colectivo que padece aún más esa escasez de huecos para dejar el vehículo. A ellos no les da igual un descampado, una cuesta o un bordillo alto. Son los conductores que sufren algún tipo de minusvalía física, que en España superan las 120.000 personas, a los se suman los automovilistas que cuentan con la tarjeta especial para estacionar su vehículo por tener algún familiar discapacitado.

Pese a que desde junio de 1998 el Consejo de la Unión Europea aprobó la llamada tarjeta europea de estacionamiento para personas con discapacidad, este colectivo 'lucha' contra el resto de conductores tanto por la falta de estacionamientos y contra una legislación municipal sobre el tema que representa un auténtico reino de Taifas. Y es que los ayuntamientos tienen una dispar normativa de movilidad que hace que lo que en unas ciudades está permitido, en otras es objeto de multa, según explica Tatiana Alemán, responsable de área de Accesibilidad Universal de la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (Predif).

Un informe publicado en la revista de esta Plataforma destaca que la Organización de Consumidores y Usuarios, tras analizar la normativa en 26 ayuntamientos, llegó a la conclusión de que hay municipios que permiten el aparcamiento en zonas de estacionamiento regulado y otros que obligan a pagar en estas plazas o que imponen un límite horario; a la vez que hay consistorios que dejan estacionar en los lugares de carga y descarga a quienes porten tarjeta de discapacidad, mientras otros lo prohiben. Asimismo hay ayuntamientos que solo aceptan las tarjetas de aquellos que están empadronados en el municipio e incluso algunos que otorgan plazas a vehículos concretos que no pueden ser ocupadas por otras personas con discapacidad si no coincide el número de matrícula.

«Hay más tarjetas otorgadas que plazas de aparcamiento disponibles», destaca Alemán. Y es que los ayuntamientos no tienen obligación de guardar plazas, a no ser que los propios minusválidos se las soliciten. No ocurre lo mismo en los edificios oficiales, aparcamientos públicos o centros comerciales.

Por lo general, para conseguir la tarjeta de aparcamiento, el discapacitado tiene que poseer un certificado de minusvalía de más de 33% -en el caso de Madrid-. Además, en algunos municipios deben presentar también un baremo de movilidad reducido. «La tarjeta se da a la persona, ya sea que el coche lo lleve su hijo o un empleado o familiar. Eso genera otro tipo de problemas. Se han hecho copias de tarjetas que son usadas por personas que no tienen ningún tipo de problema de movilidad. O a la persona que se le ha dado la tarjeta ha fallecido y los parientes siguen utilizándola para estacionar en plazas reservadas», explica la responsable de Predif.

Desde esta plataforma se acudió a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para solicitar que se unificar la normativa, pero este organismo solo pueden realizarse recomendaciones a los consistorios.

Conductores y parque

Si es imposible conocer el número de tarjetas de aparcamientos que hay en España, también es complicado saber el censo de conductores disminuidos físicos. Fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) explicaron que estos automovilistas pasan sus revisiones psicotécnicas y «son considerados como otros cualquiera». Hay que acudir al Instituto Nacional de Estadística (INE) para saber que de los cuatro millones de discapacitados que viven en España, solo 120.000 son conductores de coches adaptados. Respecto a las motocicletas y triciclos adaptados para minusválidos, según la DGT, el año pasado solo una mujer sacó la licencia para conducirlos.

Roberto Ramos, responsable de Enseñanza de Seguridad Vial de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), explica que el examen teórico es igual para todos los aspirantes al permiso de coche, mientras que el práctico es muy distinto. «Tienen que acudir al autoescuela con un vehículo adaptado a su minusvalía concreta», asegura, dado que cada persona tiene unas deficiencias específicas, lo que hace imposible que los centros o Tráfico dispongan del coche apropiado.

Por este motivo, el discapacitado aprende a conducir con el coche que, tras superar los exámenes, utilizará. Para ello, explica Ramos, además de las modificaciones correspondientes a su minusvalía hay que añadirle un doble mando para el profesor. En alguno de los casos, las modificaciones, tanto mecánicas como electrónicas, se acercan a los 12.000 euros, dependiendo también de la complicación mecánica del coche. No es lo mismo conducir un utilitario, que una berlina de lujo, que las hay adaptadas.