Saneamiento y contribuyentes

Tanto el anterior Gobierno como el actual han mantenido invariablemente la tesis de que las sucesivas 'reformas financieras' no costarán dinero al contribuyente. Con esta afirmación bien intencionada se quiere seguramente aplacar la ira de los ciudadanos más conscientes, que estamos indignados ante la evidencia de que se recortan hasta la cicatería los servicios públicos fundamentales en tanto se actúa con dadivosidad con el sistema financiero, algunos de cuyos gestores tienen una responsabilidad directa y concreta en la crisis, sin contar con las irregularidades y latrocinios que se han cometido en determinadas cajas, sin que todavía hayan rendido cuentas sus gestores ante la justicia. Sería de una conmovedora ingenuidad pensar que esa gratuidad será real. Hasta hoy, ya se han otorgado a las cajas, a través del FROB, cerca de 20.000 millones de euros, de los que el sector bancario aportó solo unos 5.000; los otros 15.000 provinieron del erario público. Y esta contribución de emergencia para evitar el colapso ya puede darse por perdida.

Además, el Estado español deberá hacerse cargo del 'banco malo'. Y siguiendo los cálculos realizados los analistas, serán unos 80.000 millones de euros los créditos dañados que irán a parar a esta institución, eufemísticamente llamada Sociedad de Gestión de Activos (SGA). El Estado aportará el 45% y garantizará el 100%, por lo que es impensable que no se acabe enterrando una cantidad significativa de dinero público.

Se echan en falta más explicaciones parlamentarias sobre los recursos públicos que se van a aplicar a estos menesteres y que no serán devueltos a las arcas del Estado, y extraña profundamente que la oposición no recabe información al respecto. Sobre todo porque, como piden algunos especialistas, no estaría mal que el Fondo de Garantía de Depósitos, formado a costa de los propios bancos, fuera requerido para hacerse cargo de la mayor parte de las ayudas recibidas por el sector. Por un sector que fue muy poco cuidadoso a la hora de desarrollarse en tiempos de la célebre burbuja y cuyas malas prácticas estamos ahora teniendo que pagar entre todos. Todo ello al margen de la rendición penal de cuentas que también hay que exigir hasta las últimas consecuencias.