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Economia

El Gobierno incumplirá el déficit si decide revalorizar las pensiones

El Banco de España insiste en que la contracción en 2013 será mayor de lo previsto y BBVA augura ajustes adicionales

CÉSAR CALVAR
MADRID.Actualizado:

Los pensionistas tienen motivos para empezar a hacer economías, pues cada vez más analistas estiman que el Gobierno no revalorizará sus pagas a finales de año en función de la inflación, como establece la ley. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) se sumó ayer a esa corriente y pronosticó que el Ejecutivo tendrá que renunciar a actualizar las pensiones o no podrá cumplir su objetivo de reducir el déficit público al 6,3% del PIB en 2012. El director de este organismo, Michele Boldrin, afirmó que sería «suicida» compensar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados en un contexto como el actual, de recesión e ingresos insuficientes.

Tras analizar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013, Fedea asegura que el Ejecutivo incumplirá este año su compromiso de reducir el déficit del 8,9% al 6,3% si en noviembre opta por revalorizar las pensiones. Según sus cálculos, dicha compensación conllevaría un gasto adicional para 2012 de «al menos 3.500 millones» de euros, en función del nivel de inflación. Cantidad que se consolidaría en las pagas para 2013.

El subdirector de Fedea, Ignacio Conde-Ruiz, aseguró que «no hay margen ahora mismo para aplicar esta subida» -que anularía los efectos sobre la recaudación del incremento del IVA- y consideró que la ley de acompañamiento al presupuesto incluirá medidas para dejar sin efecto la revalorización que obliga a aplicar la legislación. Y añade que el Gobierno «debería aclarar cuanto antes qué va a pasar con la paga de los pensionistas», para disipar algunas dudas que persisten entre los analistas e inversores.

Pero esa clarificación no llega porque el Gobierno se resiste a desvelar si piensa aplicar la revalorización de las pagas en los términos que establece la ley.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, eludió otra vez ayer aclararlo en el Congreso de los Diputados, en su respuesta a una pregunta del diputado de IU-ICV Joan Coscubiela, que le pidió que respondiera con «un sí o un no» y que al contestar mirase a los ojos a un grupo de jubilados y pensionistas presentes en la tribuna de invitados. La responsable de Empleo volvió a jugar al despiste y se limitó a recordar que al llegar el PP al Gobierno subió las pensiones un 1% para 2012, cuando el PSOE las había congelado, y añadió que los presupuestos para 2013 incluyen un aumento de la misma magnitud.

Los partidos de la oposición están convencidos de que el presidente, Mariano Rajoy, ya ha tomado una decisión, pero no la hará pública hasta después de las elecciones gallegas y vascas del 21 de octubre.

Un «préstamo»

Sergi Jiménez, experto en pensiones e investigador de Fedea, está «seguro» de que las pagas de los jubilados «no se actualizarán» con arreglo al IPC. El gasto en pensiones, explicó, es la última partida que le queda al Gobierno para ajustar presupuesto y liberar recursos que potencien el crecimiento. Lo que hará el Ejecutivo es «pedir prestado a los mayores de hoy para sostener su nivel de consumo a medio plazo», resumió.

Fedea evitó criticar la previsión de caída del PIB del 0,5% incluida en las cuentas para 2013, que la mayoría de organismos y analistas creen que se queda corta. «Muchos han tachado de optimista la previsión del Gobierno, pero es el único que sabe lo que tiene que hacer y puede estar preparando nuevas medidas para contrarrestar la situación», resaltó Conde-Ruiz.

El director general del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, insistió en considerar irreal el cálculo gubernamental e insistió en el diagnóstico que hizo el gobernador del organismo emisor la semana pasada, al cifrar la contracción de 2013 entre el 1% y el 1,5% del PIB.

Por su parte, el economista jefe del servicio de estudios de BBVA, Miguel Cardoso, estimó que el Gobierno deberá acometer un ajuste adicional equivalente a dos puntos de PIB en 2012 para compensar el deterioro de la economía y de las cuentas públicas.