Urdangarin y Torres afrontarán una fianza civil de unos diez millones

Anticorrupción ya solo espera el informe definitivo de la Agencia Tributaria de Cataluña y la respuesta de las comisiones rogatorias de Luxemburgo y Suiza para reclamar una fianza civil a Iñaki Urdangarin y a su exsocio en el instituto Nóos, Diego Torres, que será «superior a los nueve millones de euros». Incluso, según responsables del caso, podría sobrepasar los diez millones de euros si Hacienda detecta nuevas irregularidades en las sociedades satélites y en los proveedores que surtían a las empresas de los dos imputados.

La Fiscalía espera poder tener listo el documento de la reclamación civil en las próximas semanas, aunque todo dependerá de lo que se demore la delegación catalana de Hacienda en entregar el informe que le reclamó el pasado 19 de julio el juez de la pieza 25 del sumario 'Palma Arena', José Castro. El instructor quiere tener en su poder ese texto para saber la cifra exacta del dinero que dejaron de ingresar las arcas públicas por las artimañas usadas por los dos cabecillas del instituto Nóos para hacerse con contratos de las administraciones usando una entidad sin aparente ánimo de lucro.

A la espera del documento básico, las estimaciones de la Fiscalía se basan en el último informe aportado a la causa por el Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura de Baleares, que apuntó que 8.930.083 euros de la caja de Nóos fueron a parar, en su mayoría, a las cuentas de las siete sociedades de los dos socios, entre ellas a Aizoon, la inmobiliaria que pertenece al 50% a la Infanta. Cristina de Borbón también tendrá que responder patrimonialmente como copropietaria de esa sociedad aunque finalmente nunca sea imputada en la vía penal.

La intención de Anticorrupción es «tener como civilmente responsables» al duque de Palma y a Diego Torres de las deudas que generaron con Hacienda sus sociedades mercantiles y la propia Nóos, al considerar probado que ambos conscientemente ingeniaron un entramado para defraudar a Hacienda y que los delitos contra el fisco no fueron consecuencia de la falta de diligencia de los administradores.

Hacienda, en sus apuntes preliminares, sostiene que solo entre 2002 y 2010 el Instituto Nóos se embolsó una cantidad cercana a los nueve millones por los que no se tributó ni un solo euro. Cabe la posibilidad, no obstante, que desde 2006 esos delitos y sus respectivas multas estén prescritos, pero el resto del dinero debería tributar ahora a un 40% más una penalización.

A esa primera cantidad que pasaría a engrosar la responsabilidad civil habría que sumar los otros cerca de seis millones que sus empresas satélites recibieron de la central (Nóos) y cuyas declaraciones también se investigan. Igualmente queda por aclarar donde terminaron 2,5 millones de dinero público ingresado por Nóos y que no acabaron en las cuentas de las sociedades de los dos socios. Esos dos últimos 'cabos por atar' dejan todavía abierta la puerta a que la fianza pecuniaria que se imponga a Torres y Urdangarin supere la decena de millones.

Concienzudo

Obviamente -señalan mandos de la investigación-, la inexistencia absoluta de declaración al fisco de las millonarias actividades parapetadas tras una falsa organización sin ánimo de lucro compondrá el grueso de la fianza civil, pero a esa primera cantidad habrá que sumar otros «desfalcos menores», sobre todo de la supuesta trama de facturas falsas por trabajos nunca realizados.

José Castro ha citado para el 15 y 16 de octubre en Barcelona a 58 testigos, todos ellos proveedores del Nóos, para preguntarles uno a uno sobre facturas que emitió al instituto entre 2004 y 2006, año en el que el duque de Palma dejó de presidir formalmente la entidad.

El juez y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach -que ya interrogó a todas estas personas el pasado septiembre- creen que buena parte de estas facturas sirvieron para hinchar los presupuestos de los tres mayores 'pelotazos' del instituto con las administraciones públicas: el Valencia Summit, el Illes Balears Fórum y los fallidos Juegos Europeos.

Fuentes de la investigación explicaron que ese trabajo tan complicado, aunque no aumentará apenas la responsabilidad civil, sí que servirá para afianzar las otros cargos, al margen del fraude fiscal, por lo que se procesará a Urdangarin y Torres: malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración.