¿AGUANTARÁ LA CUERDA AUTONÓMICA?

Autonomías, Estado unitario, federalismo, derecho de autodeterminación... Más de treinta años enredados en el mismo debate. La Constitución de 1978 alumbró una solución de compromiso a una discusión muy compleja. El deseo de dar paso a una etapa de estabilidad democrática contribuyó a que la debilitada UCD aceptara como inevitables tesis más propias de la izquierda y de los nacionalistas que de sus propios postulados, y a que los anteriores abandonaran posiciones maximalistas en pro del acuerdo. El artículo 2 de la Carta Magna -la «indisoluble unidad de la Nación española» y el «derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones»- fue, con todas sus contradicciones, un reflejo fiel de aquel tira y afloja, pero el modelo territorial quedó abierto y eso ha dado paso a varias décadas de tensión. La duda está en cuánto aguantará la cuerda.

Nadie sabía a finales de los ochenta cómo acabaría ese experimento de la España autonómica al que tan solo se opuso Alianza Popular. Los seguidores de Manuel Fraga votaron 'sí' a la ley fundamental pero 'no' a su título VIII. Un título que es básicamente procedimental: ni dice que todo el territorio español deba organizarse en comunidades autónomas, ni establece quiénes deben constituirse como tales y mucho menos fija qué competencias debe tener cada unidad de administración. Todo eso quedó al albur de los acontecimientos.

La articulación y desarrollo del modelo de Estado que hoy conocemos se ha ido haciendo a trompicones en una escalada permanente entre el reconocimiento de la singularidad de los llamados territorios históricos y los ejercicios armonizadores impulsados por los dos principales partidos. Siempre en conflicto. A los Estatutos de 'vía rápida' de Cataluña, País Vasco y Galicia siguió el deseo andaluz de no quedarse atrás, y a éste la respuesta específica para la Comunidad Valenciana y Canarias, después vendría la LOAPA, tumbada por el Tribunal Constitucional, y luego los traspasos generalizados de las competencias de Educación y Sanidad, después vendría el 'plan Ibarretxe' y el polémico 'Estatut'....

Problema fiscal

Las costuras de la Constitución, por abiertas que estén, no parecen dar para más. Y, en plena crisis económica, y seguramente azuzados por ella, han venido a confluir dos debates: el meramente identitario y el estrictamente fiscal. El 'café para todos' ha conducido a una arquitectura institucional que ahora muchos cuestionan por cara. Entre 1983, el año en el que generalizaron los procesos estatutarios, y 2011, antes de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, el número de empleados públicos en la administración autonómica superó el millón, mientras que el de trabajadores de la Administración central se redujo en alrededor de 800.000.

Las cifras son perfectamente homologables a las de otros países de nuestro entorno y se llegó a ellas en un periodo expansivo tanto económica como demográficamente pero, en cualquier caso, tanto PP como PSOE -y por supuesto la minoritaria UPyD, que ha hecho de este asunto una de sus banderas- admiten que el modelo tiene ineficiencias y que es preciso tomar medidas para eliminar duplicidades y ahorrar costes. Como en el resto del país, en Cataluña la idea de que este 'invento' autonómico sale caro ha calado hondo, pero la conclusión de sus ciudadanos es radicalmente opuesta a la de la mayoría de españoles. Para unos la solución es menos autonomía; para los otros, mayor soberanía (propia).

Fuerzas centrípetas

Los partidarios de un Estado con un único Gobierno central han pasado en el conjunto de España del 12,10% en abril de 2009 a casi un 22%, según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado el pasado julio. Y aunque siguen siendo mayoría quienes apuestan por dejar las cosas como están, la cifra ha caído en nuevo puntos en tan solo tres años, del 39,9% al 30,8%. El CIS no tiene estos mismos datos territorializados, pero conforme a su equivalente catalán, el Centre d'Estudis d'Opinió, el independentismo no ha hecho más que aumentar en Cataluña desde que estalló la crisis.

Por primera vez, en junio de este año quienes afirman que Cataluña debe ser un Estado independiente superaron a quienes apuestan por ser «un Estado dentro de una España federal» o simplemente a quienes se muestran satisfechos con seguir siendo una comunidad autónoma. Pero lo verdaderamente llamativo es lo rápido que ha cambiado la tendencia. En octubre de 2008 solo un 17,4% apostaba por el Estado independiente, ahora la cifra se ha duplicado hasta el 34%. Los autonomistas han pasado ser casi el 40% de los catalanes a superar por poco el 25%. Y los federalistas también han caído: del 31,8% al 28,7%.

La pulsión independentista en el País Vasco parece ahora amortiguada por el deseo del presidente del PNV y probable vencedor de los comicios del 21 de ocutbre, Iñigo Urkullu, de centrarse en la gestión económica, pero a medio plazo (tan pronto como 2015, según su propio relato) la demanda de un nuevo «estatus» para Euskadi llegará como ha llegado a Cataluña de la mano del actual presidente de la Generalitat y líder de CiU, Artur Mas.

Aunque la situación parece menos extrema, los vascos que se pronuncian «totalmente a favor» o «más bien a favor» de que el País Vasco fuera independiente ha crecido en dos puntos y medio en los últimos tres años, desde el 38,8% al 41,5%, y los que dicen estar «más bien en contra o totalmente en contra» han caído del 46,1% al 42, 6%.

Lo más reseñable, sin embargo, es que ese repunte de la apuesta secesionista es transversal: entre los votantes del PSE llega ya al 12,8%, cuando en 2009 ni siquiera rozaba el 7%, y entre los del PP alcanza el 4%, a pesar de que la última vez que el CIS se preocupó por recabar el dato la cifra era exigua, un 0,7%.

Llegados a este punto, hay cierta coincidencia en que es preciso tomar medidas. Pero, como en la Transición, no se atisba una respuesta unitaria de los grandes partidos sobre el camino a seguir y, lo que es peor, tampoco hay un criterio unívoco dentro de las propias formaciones mayoritarias.

En el PP y en el PSOE conviven quienes -abiertamente o 'sottovoce', según los casos- sostienen que es preciso una reforma constitucional y quienes se niegan a abrir ese melón; los que afirman que la solución pasa por admitir de una vez por todas la singularidad de Cataluña, el País Vasco y, quizá, Galicia y recentralizar competencias en otras regiones -una tesis a la que de alguna manera se apuntan políticos tan dispares como José Bono o Alberto Núñez Feijóo- y quienes dicen que basta con profundizar en el federalismo convirtiendo el Senado en una auténtica cámara territorial, como José Antonio Griñán. Más tensión a la vista.