Una España descentralizada sin foros de coordinación eficientes

El debate sobre el Estado autonómico es el debate siempre aplazado. La Conferencia de Presidentes lo abordó, pero no a fondo, en 2007 y el resultado fue un cruce de congratulaciones de todos los gobernantes por lo bien que funcionaba el modelo. Claro que era una época de bonanza económica.

La reunión celebrada el pasado martes en el Senado podía haber sido una ocasión muy adecuada para analizar la viabilidad del modelo. Pero el órdago soberanista de Artur Mas sepultó toda posibilidad de encarar el asunto so pena de que la cita se convirtiese en un todos contra uno para afear al presidente de la Generalitat su arriesgado paso político.

A lo largo de la democracia, el Estado se ha dotado de instrumentos para acompañar el desarrollo autonómico, pero ninguno ha dado demasiados frutos. El debate sobre el Estado de las Autonomías es casi historia. El último se celebró en la Cámara alta en 2005, en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, y no se ha vuelto a saber nada de él. Ni los presidentes lo reclaman ni el Gobierno lo desea. La iniciativa, adoptada por Felipe González, se convirtió en una maratón de intervenciones reivindicativas en la que el jefe del Ejecutivo se limitaba a ejercer de frontón para no crear agravios comparativos. Algunos presidentes autonómicos, tanto socialistas como populares, se aventuraron en la pasada legislatura a plantear un encuentro de barones sin presencia del presidente del Gobierno para hablar sin ataduras de los problemas de sus territorios. Pero la idea tampoco llegó a cuajar. Zapatero desconfió de semejante cónclave y Mariano Rajoy se desentendió del asunto.

Las conferencias sectoriales son foros multilaterales entre la administración central y las autonómicas para asuntos específicos en los que los avances y acuerdos entrañan una gran dificultad porque reproducen, la mayoría de las veces, las disputas entre los dos grandes partidos. Si, por ejemplo, el Gobierno central es socialista, los consejeros populares actúan, salvo excepciones, como una piña contra las tesis oficiales, y viceversa. Un esquema que se reproduce en otro de los foros autonómicos por antonomasia, el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Este fracaso institucional conduce siempre a la idea de reformar el Senado para que sea una cámara en la que las autonomías diriman sus intereses. Pero la iniciativa, siempre en el candelero, lleva camino de convertirse en un chiste.