La Policía argentina desafía al Gobierno de Cristina Fernández

La protesta que mantienen desde hace días los subalternos de diversas fuerzas de seguridad argentinas -apoyados por sectores de las Fuerzas Armadas y la Policía-, preocupa y mucho al Gobierno de Cristina Fernández, que no ha dudado en responder con a las peticiones de los uniformados. El conflicto comenzó el martes cuando los miembros de la Prefectura Naval cobraron las nóminas correspondientes al mes de septiembre con descuentos en algunos casos de hasta el 70%. Las deducciones, que han provocado la reacción airada de los agentes, obedecen a un decreto gubernamental que, de acuerdo a una sentencia judicial, establece la unificación salarial del cuerpo, lo que ha generado un profundo malestar entre los trabajadores.

La reacción de los prefectos no se hizo esperar. Un grupo de agentes se amotinó en torno a la sede de la institución, el emblemático edificio el Guardacostas, en el centro de Buenos Aires y el eco de la televisión hizo el resto. A las pocas horas, la Gendarmería -que todavía no había cobrado sus nóminas- se sumaba a las protestas en solidaridad con sus compañeros rodeando su propia sede, el edificio Centinela. Mientras los funcionarios y la cúpula de las diferentes fuerzas de seguridad intentaban alcanzar una solución, un grupo de marinos se reunía en las escalinatas la Casa de la Armada para abuchear a su superior, el almirante Carlos Paz, que intentaba disuadir a los manifestantes.

La crisis iniciada por los prefectos devino en un reclamo generalizado de un aumento de sueldo por parte de los uniformados argentinas. De poco ha servido la rápida respuesta del Gobierno, que no solo ha dejado sin efecto el decreto sino que ha relevado a las cúpulas de la Prefectura y la Gendarmería, responsabilizándolas de la aparente torpeza en el pago de las nóminas. El Ejecutivo de Cristina Fernández se ha visto obligado a depositar en cuenta el dinero descontado a los agentes que cobran menos de 12.500 pesos (2.080 euros)

Ahora que el conflicto parece zanjado, los manifestantes exigen al Ejecutivo que cumpla una reclamación histórica del sector: un salario mínimo mensual de 7.000 pesos (1.160 euros), la promesa de que no serán sancionados y la libre elección de seguro de salud, entre otras peticiones. Lejos de suspender las protestas, los uniformados estudian ahora acampar frente a la sede central.