El juez Pedraz justifica el 25S por la «decadencia de la clase política»

Ni hubo intención de entrar en el Congreso ni se alteró el pleno celebrado el 25 de septiembre ni tampoco se impidió la salida de los diputados. Es más, la Policía Judicial se excedió en su investigación preliminar de la convocatoria y en la tipificación penal de los hechos. Con esta andanada, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz archivó ayer la causa abierta a los ocho promotores del 25S al considerar que no cometieron un delito contra las altas instituciones del Estado.

El magistrado cerró así uno de los guirigáis judiciales más polémicos de los últimos meses, que ha levantado una gran polvareda en las redes sociales y ha puesto en el disparadero a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y a la cúpula del Ministerio del Interior, por su implicación directa en el control de esta convocatoria y en su instrumentalización.

Ante estos argumentos, el auto judicial se convierte en un alegato en defensa de los derechos de manifestación y de libertad de expresión. Unos principios fundamentales que no se pueden socavar por más que el objetivo de la convocatoria, el alegórico 'Ocupa el Congreso', ponga en cuestión el marco constitucional. «En modo alguno puede ser constitutivo de un delito (...) ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política», dice Pedraz.

Esta referencia no cayó nada bien entre algunos diputados. El portavoz adjunto del grupo popular, Rafael Hernando, tachó al magistrado de «pijo ácrata» y le acusó de utilizar «las togas» y la Audiencia Nacional para hacer una «demagogia política» que calificó de «indecente», además de cuestionar su «calidad jurídica». También consideró que el auto del juez era «irresponsable».

Quizá la alusión de Hernando no tenga tanto que ver con la referencia a la «decadencia política», sino más bien con los argumentos que usa el juez para desmontar la teoría de Interior y la Delegación del Gobierno de Madrid contra el 25S.

Investigación policial

Entre estas evidencias, el juez señala que la «gravedad» aventurada por la Policía no era tal y que «en ninguna parte de la convocatoria se indica que se penetre en el Congreso con armas o instrumentos con tal fin». Asegura que tampoco cabe apreciar delito en el intento de rebasar el perímetro de seguridad de la Cámara baja, ni en impedir a los diputados abandonar el hemiciclo.

En el auto reconoce que es cierto que se incautan «instrumentos peligrosos» -adoquines, una maceta de albañil, pilas, un cincel-, pero «no por ello hay que deducir que esos instrumentos fueran para entrar en la Cámara baja».

Por otro lado, el magistrado «tampoco aprecia», como considera la Policía, que hubiera delito contra el Estado en los intentos de superar las vallas de seguridad o en el afán por impedir que los diputados salieran del hemiciclo. Tampoco en los lanzamientos de objetos o agresiones a los agentes, «todo ello perpetrado por numerosos elementos radicales presentes entre los concentrados».

De esta manera, el juez deja entrever que los 35 detenidos después de la manifestación del 25S no cometieron un delito contra las altas instituciones del Estado, tal y como creyeron el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, o la juez de instrucción número 8 de Madrid, que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional tras una actuación de la unidad policial que Pedraz considera «sorprendente», porque, a su juicio, modificó los hechos en dos atestados y llegó a tipificarlos.

Durante toda la mañana, los acusados estuvieron acompañados por unas 200 personas, que esperaban vigiladas por un importante dispositivo en el que la Policía identificó a los asistentes y tomó sus filiaciones.