El Gobierno descarta cambiar la ley para restringir las manifestaciones

Todo apunta a que la idea de reformar la ley de reunión para restringir la autorización de manifestaciones o fue un globo sonda o fue un comentario sin sustento gubernamental. Ni el Ministerio del Interior ni el de Justicia tienen entre sus planes acometer una modificación de esas características, según confirmaron fuentes cualificadas de ambos departamentos. La idea, por otra parte, cosechó un rechazo generalizado entre las fuerzas políticas, aunque hubo alguna excepción, y hasta su promotora, la delegada del Gobierno en Madrid, matizó sus palabras iniciales.

Todo va a seguir como hasta ahora, señalaron fuentes gubernamentales que acompañaron a Mariano Rajoy en su viaje a Rabat para participar en la Reunión de Alto Nivel con Marruecos. Interior no contempla impulsar cambios en el artículo diez de la Ley Orgánica de Reunión, que es el que regula los permisos para las manifestaciones. Dicho precepto establece que «si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público (...) podrá prohibir la reunión o manifestación». Es decir, queda al criterio de la autoridad sin condicionantes objetivos. Mucho menos está sobre la mesa, según las fuentes consultadas, alterar el artículo 21 de la Constitución que alude al derecho de reunión y manifestación.

La respuesta en Justicia fue similar. No hay ningún plan en ese sentido y nadie se ha dirigido al Ministerio con un planteamiento de esas características. Fuentes de la cartera de Alberto Ruiz-Gallardón recordaron además que en la reforma del Código Penal que está en fase de alegaciones con los órganos consultivos se contempla un endurecimiento de las penas para los que cometan actos violentos en las manifestaciones. Según el anteproyecto, pasa a ser atentado a la autoridad, o sea un delito, cualquier agresión, empleo de violencia o amenazas graves sobre el agente: la pena, además, se agrava cuando en una protesta haya desórdenes y se porten armas -reales o simuladas-, se realicen actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas.

Este, sin embargo, no era el objeto de la reforma legal planteada por Cristina Cifuentes, y antes que ella por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Ambas apostaron por buscar mecanismos legales para reducir el número de manifestaciones ya que la capital ha sido escenario en lo que va de año de más de 2.200 protestas. Pero la delegada del Gobierno en vista del alcance de la polémica y la escasez de apoyos desde el Ejecutivo reculó ayer en sus planteamientos iniciales y explicó que su iniciativa solo buscaba abrir «un debate», pero que en absoluto perseguía «una restricción» del derecho de manifestación.

Avalancha de críticas

El rechazo gubernamental a modificar la ley de reunión fue el lógico corolario a la avalancha de críticas a la propuesta. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se mostró contrario pero con matices. Utilizó un lenguaje alambicado que se prestaba a la confusión, puesto que por un lado dijo que «la modulación que se sugiere pudiera ser perfectamente legítima» porque «ningún derecho puede comportar una patente de corso» para delinquir; pero por otro apuntó que «restringir este derecho complica la convivencia democrática».

Los socialistas, en cambio, no dejaron lugar a las dudas y entraron a saco. Su líder sostuvo que cuando el Gobierno y el PP hablan de modular quieren decir «restringir». «No vamos a tolerar más recortes de derechos», advirtió Alfredo Pérez Rubalcaba. Su número dos, Elena Valenciano, exigió a la delegada del Gobierno que «rectifique» y la portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, señaló que la propuesta refleja «el tic autoritario y antidemocrático» del Ejecutivo y recordó que cuando el PP estaba en la oposición no mostraba ningún malestar por las manifestaciones «sino que las convocaba».

Del mismo modo, desde otros grupos se descalificó la idea. El diputado de IU Gaspar Llamazares indicó que se trata de una «intentona antidemocrática» para «acallar el malestar social» ante los recortes. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, alertó de que «la crisis no puede ser una excusa para recortar derechos básicos». Asimismo desde el Consejo General del Poder Judicial, aunque su presidente se abstuvo de opinar, hubo comentarios muy críticos, como el del vocal José Manuel Gómez Benítez, para el que la idea es de «regímenes dictatoriales».

Sin embargo, también surgieron partidarios de «modular» los permisos de manifestación. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, vio «razonable» la propuesta ante los continuos «colapsos» que vive el centro de Madrid. También el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Antonio Hernando, defendió la idea de la delegada porque ante «el abuso» de protestas en la capital hay «caminos que explorar» para regular esta situación.