El 'banco malo' no gestionará los inmuebles de menor valor

El 'banco malo' o sociedad de gestión de activos problemáticos, no se ocupará de los pequeños débitos del ladrillo. Las entidades de crédito receptoras de ayudas públicas solo le van a traspasar los inmuebles que se adjudicaron por impagos de los promotores cuando los importes sean superiores a los 100.000 euros, o los créditos que concedieron a estos clientes alcancen un valor superior a los 250.000 euros. Lo ha avanzado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en una comparecencia parlamentaria en la que apuntó que la creación de la nueva compañía «dinamizará el sector de la vivienda en España y será positivo para quienes aspiran a acceder a un piso». El ajuste de precios y la existencia de financiación lo harán posible, afirmó. A escala de promotores, explicó, la cuantía que va a quedar fuera del 'banco malo' no será muy elevada. Por el contrario, la limitación facilitará «enormemente» su funcionamiento. De Guindos desveló el propósito de que el capital privado alcance en el 'banco malo' una mayoría de al menos el 55%, y se resistió a concretar el descuento que se aplicará en la transferencia de los activos.

El traspaso se hará al «valor económico real» de los inmuebles o de los préstamos.En la fijación de criterios colaborarán el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Con el mercado hundido, estas valoraciones provocarán pérdidas en las entidades, reconoció el ministro, para añadir que una parte se absorberán por las provisiones, y otra mediante las inyecciones de capital público. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) destinará a este fin, entre otros, los recursos de la asistencia financiera europea.

El ministro no aportó mayores precisiones y justificó que no sea posible detallar ahora un porcentaje de descuento a aplicar en el traspaso, dada la variedad de los activos: suelo rural y urbano, promociones a medio construir o inmuebles a punto de comercialización, tanto en la costa como en la periferia o el centro de las ciudades. Una gestora independiente se hará cargo de la administración, y se constituirán diversos fondos especializados según las diferentes características de los inmuebles y los créditos.

De Guindos aseguró que el plazo de quince años de funcionamiento del fondo posibilitará dos objetivos en apariencia contradictorios: por una parte, la salida escalonada al mercado de viviendas a precios más reducidos de los actuales y, por otra, la salvaguardia de la rentabildad de la propia sociedad de gestión, que no se verá obligada a vender en pérdidas. Las condiciones de la financiación «permitirán aguantar los activos en el balance el tiempo que sea necesario».

Con este segundo argumento, el ministro salió al paso de algunas acusaciones del sector privado. Para el consejero delegado del grupo Sabadell, dar una mayoría de control del 'banco malo' a los privados supone asumir el riesgo de dar entrada a fondos especializados en hundir los precios. Jaime Guardiola advirtió del riesgo de que fondos de inversión oportunistas ofrezcan entrar a coste de liquidación. Si fuera así -alertó- se producirán pérdidas inmobiliarias y el valor de los pisos bajaría radicalmente, lo que también perjudicaría a los actuales propietarios.

Al 'banco malo' irán, en primer término, los inmuebles adjudicados y los créditos a promotores de las entidades nacionalizadas. El ministro abrió la puerta, además, a que las entidades acaben pasando a esta sociedad «otros activos cuando se advierta un grave deterioro de la actividad» y resaltó que también se podrán colocar créditos al corriente de pago. Pero en el grupo de las que el análisis de Oliver Wyman ha detectado necesidades de capital, el Banco Popular ya ha anunciado que aspira a satisfacer las carencias con recursos captados del mercado, y que constituirá su propio 'banco malo' para gestionar inmuebles por importe de 13.000 millones de euros.

Coste de auditoría

Ante la comisión de Economía del Congreso, el ministro De Guindos adjudicó al sector bancario la factura de los análisis sobre el sector bancario español, que han concluido con una necesidad de capital de un máximo de 59.300 millones de euros, excluidos créditos fiscales y el impacto de las fusiones en curso. El importe de los trabajos de más de 400 auditores -que han revisado 115.000 operaciones- y seis tasadoras independientes, entre otros agentes del sector, lo van a pagar las entidades a través del Fondo de Garantía de Depósitos.

La comisión fue escenario de un vivo debate que enfrentó al Gobierno y la oposición socialista sobre el momento en que se generó la crisis bancaria y la atribución de responsabilidades. Pero también dio ocasión a que tanto el representante del Ejecutivo como otros portavoces establecieran discriminaciones entre «cajas y cajas».

Los comentarios del ministro dieron pie a que portavoces parlamentarios se ratificaran en el argumento de que no ha sido el régimen jurídico de las cajas el causante de su descrédito. El portavoz del grupo socialista recordó que cajas de Cataluña y Andalucía también habían superado con holgura el examen, por lo que se ratificó en la opinión de que «si Bankia ha sido un desastre, no ha sido un problema de régimen jurídico».

El ministro descartó, durante su comparecencia, que en el proceso de reestructración bancaria vaya a desaparecer alguna entidad. «Aquí no va a haber liquidación, en el sentido de achatarramiento, sino reestructuración», aseveró, y puso como ejemplo la salida que se ha dado a la alicantina CAM. «La parte valida de los bancos con problemas se va a separar para evitar la contaminación, y el producto de su venta servirá para pagar el préstamo», resumió.

El responsable económico minimizó el impacto de la asistencia financiera europea, cifrada en un 4% del Producto Interior Bruto, lo que equivale a unos 40.000 millones de euros. De los 100.000 millones que acordó el Eurogrupo se pedirán menos de la mitad, comentó. Y ensalzó las condiciones del primer paquete: ya hay disponibles seis bonos de 5.000 millones de euros cada uno, con vencimiento medio de 12,5 años y la primera disposición tendrá el muy ventajoso tipo de interés del 1,54%. «Tenemos que aprovecharlo», concluyó.