La revalorización de las pensiones, pendiente de un IPC «asumible»

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, emplazó a esperar al IPC de noviembre para conocer en qué se sustanciará la revalorización de las pensiones y «ver si hay una desviación asumible por el sistema». Burgos señaló que la legislación actual obliga a compensar la desviación de la inflación y «mientras no cambie la ley, nos atenemos a ella».

El secretario de Estado replicó a la oposición que se irán desmontando todas sus acusaciones de cambios en las pensiones, pero mantuvo la misma ambigüedad que otros miembros del Gobierno cuando se les pregunta si se revalorizarán. Hasta ahora, la única decisión concreta del Ejecutivo es que suban un 1% en 2013 -lo mismo que este año- y así figura en el proyecto de ley de Presupuestos Generales. Sin embargo, la inflación se ha disparado este año mucho más de lo que han subido las pensiones, por lo que los nueve millones de pensionistas perderán poder adquisitivo si no se les compensa por esa desviación.

Si el IPC continúa como actualmente, en el 3,5%, habría que compensar 2,5 puntos porcentuales de desviación lo que supone 5.000 millones de euros de mayor gasto para la Seguridad Social, en un momento en que no tiene ingresos suficientes para pagar las pensiones y ha de recurrir al Fondo de Reserva. No obstante, este coste se reduciría si la inflación se redujera sustancialmente en noviembre. De ahí que el secretario de Estado inste a esperar para determinar si es «asumible». No obstante, este coste se reduciría si la inflación se redujera sustancialmente en noviembre -el Gobierno espera que quede por debajo del 2% a final de año-. O si se tomara como referencia el IPC a impuestos constantes al que el ministro de Economía, Luis de Guindos, quiere dar publicidad. Este IPC no computa el efecto de la subida del IVA ni otros impuestos y está ahora en menos de la mitad del nivel de inflación.

Burgos acudía a la Comisión del Pacto de Toledo para hacer balance de la integración del colectivo de trabajadores domésticos en el régimen general de la Seguridad Social, pero por lo que más le preguntaron los diputados es por el futuro de las pensiones. Sin embargo, el responsable de la Seguridad Social eludió debatir sobre las pensiones y se centró en la revisión de la integración de las empleadas de hogar en el régimen general. Burgos planteó la necesidad de introducir cambios en el sistema de altas, en los tramos de cotizaciones y en las bonificaciones.

«Reflexión»

Los hogares que tienen una empleada de hogar, una niñera o un cuidador de ancianos están obligados desde primeros de año a darle de alta en la Seguridad Social y pagar las cotizaciones sociales correspondientes, aunque solo esté contratado por un reducido número de horas a la semana. Pero, del balance que de los primeros meses ha hecho el Gobierno, se concluye que muchos hogares no han dado de alta a su empleada o la han inscrito por menos horas de las que realmente trabaja. En este contexto, el secretario de Estado de la Seguridad Social instó a los diputados de la Comisión del Pacto de Toledo «a reflexionar sobre estímulos a la afiliación por la vía de las deducciones, porque reducir cuotas es un elemento para incrementar afiliaciones».

Según el secretario de Estado, la integración de los trabajadores domésticos en el régimen general del sistema no ha cumplido los objetivos ni en recaudación ni en afloramiento de economía sumergida. Según Burgos, la Seguridad Social ha perdido 5,22 millones al mes respecto al régimen especial anterior, lo que en proyección anual supone una disminución de 63 millones.