El juicio de la Casa de las Cadenas se pospone a febrero por errores técnicos

La Justicia ha vuelto a dar una prórroga al destrozo de la Casa de las Cadenas. Ocho años después de que el exalcalde Hernán Díaz autorizara el derribo de la parte trasera del inmueble, pese a las órdenes de paralización de la delegación provincial de Cultura, el juicio que se inició ayer fue suspendido por varios defectos en el procedimiento técnico. Principalmente la no citación a la vista de la sociedad Rufino Naves. No será hasta el 11 de febrero de 2013 cuando los acusados se vuelvan a sentar en el banquillo del Juzgado de lo Penal.

El abogado de Rufino Naves y Juan Ignacio Naves, los propietarios de la empresa a cuyo nombre estaba el inmueble cuando sucedieron los hechos, explicó que había solicitado la suspensión de la vista por varios defectos de forma. En primer lugar, la Fiscalía había solicitado una prueba pericial a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía sobre los daños causados sobre la casa a cuenta del derribo y su valoración económica.

Pero según Juan Bosco Rodríguez, dicho informe no fue entregado antes del juicio a la parte demandada. Por otro lado, el letrado señaló que la Fiscalía también solicitaba la responsabilidad subsidiaria de los daños a la sociedad Rufino Naves S.A; pero sin embargo no los había citado. «Se trata de una personalidad jurídica distinta a la de mis defendidos. La fiscal no puede pedir una indemnización a la sociedad sin que ésta esté personada en el juicio».

El abogado, quien reconoció que posiblemente la empresa estaría representada por sus defendidos, que sí se encontraban allí presentes, aseguró que éste fue el principal motivo que indujo al magistrado a suspender el juicio. «Yo le he hecho una advertencia, porque estos meses de retraso pueden suponer a la postre que el asunto se resuelva antes, que si hubiéramos continuado con el error de forma». Más de una hora tardaron las partes en ponerse de acuerdo y decidir el aplazamiento.

Los imputados

El comienzo del juicio estaba previsto a las diez de la mañana. Minutos antes llegó el exregidor de Independientes Portuenses, Hernán Díaz, imputado en la causa junto con el que fuera su edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez.

También comparecieron el técnico municipal de licencias, Fernando Jiménez Fornell, y el ex director del Museo Municipal, Francisco Giles; además de los ya citados empresarios que eran propietarios de la Casa de las Cadenas. La Fiscalía acusa a Díaz, Rodríguez y Jiménez Fornell de prevaricación y desobediencia, ya que presuntamente permitieron el derribo -en 2004- de parte de la casa de cargadores de indias, que data del siglo XVII, e hicieron caso omiso a las órdenes de paralización de Cultura. Por ello se solicita una pena de nueve años de inhabilitación para desempeñar cargo público, y una multa de 3.780 euros.

La acusación popular, ejercida por Izquierda Unida, pide además un año y seis meses de prisión para cada uno, y diez años y medio de inhabilitación para cargo público. A los empresarios se les acusa de delito contra el patrimonio con una pena de dos años de prisión y una multa de dieciocho euros diarios durante diecinueve meses. Al técnico Francisco Giles también se le imputa un delito de prevaricación -con un año y seis meses de cárcel-, pero solo por parte de IU, ya que la Fiscalía no presenta cargos contra él.

La concejala de Izquierda Unida, Pepa Conde, se mostró indignada con el retraso del juicio, después de ocho años de espera para que se celebre. «Es un ataque al patrimonio de El Puerto y debería haberse resuelto mucho antes». Conde, que acudió a la vista en calidad de testigo de la parte demandante -la querella por la vía penal fue interpuesta por IU-, compartió estancia durante más de una hora con los imputados y consideró que nadie debe «irse de rositas».

Multa y reconstrucción

Cabe recordar que este caso ya se resolvió por la vía de lo contencioso administrativo con una condena para el Ayuntamiento portuense de 150.000 euros de multa y la reconstrucción de la trasera del edificio que fue ratificada por el TSJA y por el Supremo. Según las fuentes, el dinero no ha sido aún abonado, pero la empresa Rufino Naves sí ha presentado un proyecto para devolver la casa a su estado anterior, sin que de momento haya comenzado trabajo alguno.