La tijera llega a la Seguridad Ciudadana, que pierde un 5% de sus fondos

Las políticas sociales constituyen la parte del león del gasto presupuestado para 2013. Si se excluye eso (que supone el 63,6 % del total), el gasto del Estado se queda en 80.317 millones, un 7,3% menos que en 2012. El destinado a los ministerios es de 39.722 millones, lo que supone un descenso del 8,9% respecto a un año antes. Casi ninguno escapa al efecto de la tijera. Los únicos departamentos ministeriales que ven incrementada su asignación presupuestaria son los de Economía y Competitividad, que crece un 4%, y el de la Presidencia, con un aumento del 0,6%. El de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es el que más sufre las restricciones ya que, si se excluyen las aportaciones a Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y obligaciones de ejercicios anteriores, se queda con 415 millones, un 22,6% menos que en 2012.

Otro de los mayores palos se lo lleva el de Industria, Energía y Turismo, cuya dotación desciende un 21,3%. Las dos primeras áreas recibirán 1.653 millones, un 12,8% menos que el año anterior, pese a que el objetivo declarado del Gobierno es «aumentar el peso de una industria fuerte, potente, competitiva y generadora de empleo». La partida destinada a la reconversión y reindustrialización será de 467,22 millones, lo que supone un descenso del 18,8%. Los presupuestos reservan además 497 millones para el Plan de la Minería del Carbón, un 10% menos que el gasto de 2012, año de extraordinaria conflictividad en el sector, que ha reclamado nuevas medidas para garantizar su subsistencia.

Por su parte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tendrá que conformarse con un 17,2% menos de dinero, fruto sobre todo del menor desembolso en políticas educativas, que cae un 14,4%. En 2013 se destinarán 1.944 millones, 326 menos que en 2012. Los programas de educación compensatoria, dirigida a alumnos con dificultades para asegurar la igualdad de oportunidades, pierden 116,5 millones, lo que supone un recorte del 68%. En cuanto a las políticas culturales -las primeras en caer por la borda cuando el barco se hunde- sufren un recorte del 19,6%. En los presupuestos de 2012 ya se redujeron un 15%.

La partida de gasto en I+D, uno de grandes pilares sobre los que ha de sustentarse el desarrollo económico de los países -al menos, a decir de los expertos- sufre un gran decrecimiento, sobre todo en cuanto al militar, que deberá conformarse con un 52% menos. Eso sí, el civil se mantiene al mismo nivel que en 2012: desciende la cantidad destinada a subvenciones (de 2.461 millones a 2.121), pero aumenta la partida correspondiente a los créditos, que pasa de los 3.171 millones a 3.441 millones.

Lucha contra incendios

Para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el recorte asciende al 13,2%. En lo que respecta a las políticas del Gobierno en materia de agricultura, pesca y alimentación -que asciende a 7.661 millones, con un descenso del 9,4%-, la mayor parte (cerca del 80,97%) se destina a la regulación de los mercados agrarios. En cuanto al gasto en medio ambiente, la partida más dotada es la destinada a la lucha contra los incendios forestales, que pasa de 84 millones a 104, un 23% más, en un año dramático para los bosques y montes.

La tijera llega por primera vez a áreas que tradicionalmente veían incrementar su presupuesto año a año. Como la de Seguridad Ciudadana, que en 2013 tendrá asignados 5.350,65 millones, 280,91 millones menos que en 2012, lo que representa un descenso del 4,98%. El Gobierno pondrá el acento en planes de lucha contra la radicalización, la financiación del terrorismo internacional, el blanqueo de capitales o la corrupción. En cuanto al gasto reservado a Instituciones Penitenciarias, es de 1.129,74 millones, lo que supone una reducción del 4,4% respecto al año pasado, cuando se destinaron 1.181,90 millones.

La dotación de los presupuestos de 2013 para la política de Justicia es de 1.542 millones de euros, una disminución del 4,3% respecto al presente ejercicio. El ministerio que dirige Alberto Ruiz Gallardón destinará gran parte de esa cantidad a gastos de personal (1.259 millones). Justicia dirigirá sus esfuerzos a la «racionalización y mejora de la eficacia del sistema judicial», a través de medidas que mejoren «la organización, división y especialización de las funciones» de los empleados. Los presupuestos de esta área reservan 34,1 millones de euros para facilitar el acceso a la justicia gratuita.