Empresarios y sindicatos dudan de la credibilidad de los Presupuestos

Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 son poco creíbles a tenor de las primeras reacciones de partidos políticos y organizaciones sociales. Tanto los sindicatos como la patronal CEOE se plantean dudas sobre sus números al estar basados en un escenario macroeconómico muy optimista. La patronal advierte de que la senda de recuperación que prevé el Ejecutivo es «muy intensa» y que el incremento de los ingresos en un 2,6% «genera razonables dudas» teniendo en cuenta «el optimismo» del cuadro macroeconómico.

CEOE destaca como el aspecto más negativo el «manifiesto incumplimiento» de la reducción de un punto porcentual de las cotizaciones sociales. Considera que esta rebaja «era un elemento imprescindible para ganar competitividad» y que su incumplimiento «afecta gravemente a las posibilidades de crecimiento de las empresas que deben competir en los mercados internacionales, limitando nuestra mejor baza para la recuperación».

UGT, por su parte, juzga insuficiente el gasto en pensiones presupuestado por el Gobierno para 2013 y advierte de que este gasto «no soportará la exigencia legal de revalorizar las pensiones conforme a la desviación de la inflación». Este sindicato rechaza la utilización del Fondo de Reserva y resalta que hoy la Seguridad Social no está en déficit porque cerró agosto con un saldo positivo de casi 3.000 millones y tiene pagos aplazados por cobrar.

Sin embargo, la Seguridad Social cerró en déficit el año pasado y los expertos pronostican también un resultado negativo en este ejercicio. El último elemento negativo ha sido la constatación de que la integración de los trabajadores domésticos en el régimen general del sistema provoca pérdidas de recaudación de 63 millones al año porque se presentan contratos con menos horas, lo que ha reducido el 30% en la base de cotización. En la misma línea que UGT, CC OO afirma que los Presupuestos «dejan en el aire el cumplimiento de la ley en materia de pensiones» y «renuncian a la inversión, la actividad productiva y la creación de empleo».

Tampoco los partidos políticos, en general, valoraron positivamente el proyecto de Presupuestos. Con las elecciones catalanas en apenas dos meses y en creciente confrontación con el Gobierno central, CiU presentará muy probablemente una enmienda a la totalidad porque la «asfixia» a la que se somete a las comunidades autónomas las obligará a hacer más «ajustes», que tendrán «efectos absolutamente perniciosos sobre los servicios sociales básicos», según el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macias. Para el portavoz catalán Josep Sánchez Llibre los presupuestos «no tienen credibilidad política ni económica y no generan la confianza económica suficiente para luchar contra la crisis ni para aumentar las inversiones en el futuro», puesto que «no se sustentan en datos solventes».

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, señaló que «nadie se cree» los presupuestos de «cartón piedra» y auguró que el Gobierno no compensará la desviación del IPC a las pensiones, pero que no lo hará público hasta después de las elecciones gallegas y vascas del próximo 21 de octubre. El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, mostró su convencimiento de que Rajoy esconde recortes por motivos electorales.

Los mismos malos augurios pronunció el coordinador federal de IU y presidente del grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara, que cree que el Ejecutivo tendrá que aplicar nuevos recortes en las cuentas públicas, más allá de los ya anunciados.

Sin embargo, no todo han sido valoraciones negativas. La OCDE aplaudieron las medidas económicas anunciadas por el Gobierno español. «Estas medidas reflejan la determinación política de España de hacer frente tanto a los desafíos a corto plazo como a los estructurales, y constituyen un paso fundamental para generar confianza y certidumbre. Suponen un nuevo avance en la senda de reformas que el Gobierno ya ha venido desplegando durante los últimos meses», comentó el secretario general de OCDE, Ángel Gurría.